Los apartamentos turísticos de Valencia denuncian acoso policial

La Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (AVAEC) ha denunciado este miércoles la intervención policial en las inspecciones a las viviendas de uso turístico y labores de notificación, en la propia vivienda -a instancias de la concejalía de Desarrollo Urbano- que se está convirtiendo en habitual en los últimos meses, según la entidad.

AVAEC considera que la presencia de policías uniformados y armados con pistolas en los apartamentos turísticos genera «inquietud e intimida a quienes nos visitan y ofrece una imagen de la ciudad de estado policial», para añadir que atenta contra la «hospitalidad que inspira y da nombre a la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat».

Según esta asociación, el que se personen policías de este modo donde se encuentran alojados turistas, «ofrece una imagen propia de la Gestapo que no es nada deseable, además de ser innecesario y desproporcionado, cuando lo que se pretende es ofrecer a los huéspedes un trato personalizado y exquisito«.

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, señaló tras conocer la denuncia que las inspecciones deben realizarse en los propios apartamentos. «Los propietarios pueden ser de fuera de Valencia, aunque sean de Alboraya no tenemos competencia para acudir a notificarles; somos la Policía Local de Valencia». En todo caso, consideró que la comparación con la Gestapo «es por lo menos exagerada y vamos a dejarlo ahí».

En este sentido, señala que existen otros medios para realizar las acciones de inspección o notificación, a través de funcionarios, y que deben ser dirigidas, en todo caso, frente a quienes son los propietarios y gestores de este tipo de alojamientos. Se trata, además, de «actuaciones que se producen sin tan siquiera haberse iniciado un procedimiento, por lo que tienen una clara finalidad intimidatoria».

La asociación critica que el Ayuntamiento actúe «de forma desmesurada y desproporcionada e invierta numerosos recursos públicos para perseguir al sector mientras evita inspeccionar las actividades delictivas que se realizan en viviendas y locales a lo largo y ancho de la ciudad donde se ejerce la prostitución, sobre las que la administración municipal permanece con los brazos cruzados, a pesar de ser plenamente conocedora de su existencia y localización».

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