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P. MORENO
Viernes, 24 de enero 2020, 01:08
valencia. El consejo de la EMT aprobó ayer el pago de otros 30.000 euros al despacho de abogados que trata de recuperar el dinero del robo por fraude a la empresa bloqueado en varias cuentas bancarias chinas. La cantidad se suma al pago de 28.000 euros anteriores y la decisión salió adelante con los votos de Compromís y el PSPV. PP y Ciudadanos se abstuvieron, mientras que Vox votó en contra.
Los concejales del grupo popular Carlos Mundina y Marta Torrado se abstuvieron debido a que «transcurridos cuatro meses de la estafa todavía no se han recuperado los 149.000 euros que anunció Ribó que estaban bloqueados, y que en el consejo de administración que hoy nos hemos enterado de que como máximo son 80.000 euros los retenidos».
El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés confirmó este último punto al indicar que el gerente de la empresa, Josep Enric Garcia «ha respondido a la pregunta de Vox sobre si quedaban 81.000 euros retenidos que más o menos. Se ha negado a decir nada más y por eso nos hemos abstenido. No sabíamos ni siquiera lo que estábamos votando», adujo.
El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, dijo que el propósito de contratar a los abogados es «recuperar todo, los cuatro millones, aunque eso sabemos que es imposible porque se ha repartido en numerosas cuentas y retenido queda, si hacemos caso a lo que han dicho hoy, 81.000 euros más o menos». El pago de los 30.000 euros aprobado ayer se dedicará a «pleitear contra las personas, los responsables de las cuentas».
Los populares afirman que «queremos que se recuperen los cuatro millones de euros, pero a este paso nos puede costar más el gasto en abogados que lo que realmente podamos recuperar. Mantenemos nuestra abstención porque en este caso seguimos teniendo muchas dudas y un interés del gobierno de Ribó y PSPV de ocultar información a la vez que nadie asume ninguna responsabilidad».
El grupo Ciudadanos llevará al Consell de Transparencia los incumplimientos de la EMT tras haber detectado ausencia de información que la ley obliga a que sea pública. «Es una empresa que gestiona más de 117 millones de euros, de los cuales 68 millones provienen de las arcas municipales, y en la que se ha demostrado que la gestión del dinero público carece del debido control», declaró Estellés.
Vicente Montañez, concejal de Vox, declaró antes de entrar en el consejo de administración que sur formación votaría en contra «de aprobar un presupuesto de 33.000 euros para contratar a unos abogados de un despacho internacional, porque los cuatro millones de euros no se van a poder recuperar y nos vamos a gastar más dinero en abogados que lo que podamos recuperar, valga la redundancia, que no será más de 81.000 euros». La empresa aprobó también un nuevo contrato de publicidad.
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