El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes 4 de marzo en la junta de gobierno la declaración de urgencia de los contratos necesarios para aplicar la llamada zona de bajas emisiones, es decir, las restricciones al tráfico en Valencia para los vehículos contaminantes a ... partir del 1 de enero de 2024.
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El vicealcalde Sergi Campillo ha señalado que la concejalía de Movilidad tiene pendiente de aprobar los aspectos principales de esta iniciativa como la tipología de vehículos afectados, de qué manera se aplicará la restricción y las zonas con limitaciones a la circulación.
Lo único que se sabe es que el Ayuntamiento destinará diez millones de euros a este proyecto, ya en marcha en algunas ciudades españolas como Madrid o Barcelna. De esta cantidad, nueve millones proceden de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
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La declaración de urgencia servirá para la contratación de las obras y la asistencia técnica. El edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, señaló hace escasas fechas que serán necesarias cámaras y cableado, entre otra infraestructura. Otra cuestión abierta es si los conductores que tengan etiqueta ecológica, y por lo tanto puedan pasar, deberán hacer frente al pago de una tasa a modo de peaje.
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Esto en España no sucede y los únicos Ayuntamientos que lo aplican en Europa son Londres y Estocolmo, que se tenga constancia. Tanto Campillo como el portavoz adjunto del grupo socialista, Borja Sanjuán, presente en la comparencia, señalaron que se trata de una cuestión a debatir entre los dos partidos de gobierno.
Sanjuán explicó que el propósito es que no entren vehículos contaminantes y que se trata de una iniciativa a coordinar también con la Generalitat, que presentó hace poco el Plan de Movilidad para Valencia y su área metropolitana. «Estamos en los mismos parámetros que cualquier ciudad europea y tendremos un debate con normalidad y sin incidencias», precisó, para dejar caer que a priori «no se puede penalizar».
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El mismo Grezzi y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, tampoco han querido confirmar que se vaya a aplicar ese peaje. De hecho, aunque no ha habido concreciones, Grezzi sí ha apuntado que están «en la línea de las ciudades españolas, que utilizan las pegatinas de la DGT» para regular quién puede acceder a la zona de bajas emisiones y quién no.
El Consistorio está «acelerando los contratos para regular el tema de las cámaras, la fibra óptica y todo el entramado electrónico» para poder controlar esas zonas de bajas emisiones, aunque por el momento no termina de concretarse ni cómo ni dónde van a aplicarlas. Preguntados al respecto, han dicho que es «demasiado pronto» para señalar entornos donde se van a poner en marcha estas zonas.
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