La Audiencia de Valencia reabre la investigación del incendio de Campanar

La lucha por que se haga justicia, emprendida por los familiares de cuatro miembros de una misma unidad familiar que murieron en la catástrofe, ha dado sus primeros frutos cuatro meses después del siniestro con la estimación de sus peticiones para que la sala de la Audiencia de Valencia reabriera la causa. En las últimas semanas, los allegados de las víctimas denunciaron en que el juez estaba realizando «una instrucción encubierta y parcial» al remitir a la partes solo las diligencias que el magistrado considera pertinentes.

El recurso contra el sobreseimiento provisional del caso fue decretado durante el pasado mes de marzo por parte del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, recurso al que se adhirieron total o parcialmente la Fiscalía y otras partes como la Asociación de Damnificados por el Incendio de Campanar (ARDIC) o la comunidad de propietarios del edificio (APROICAM). Esta última entidad realizó el anuncio de que la finca afectada iba a ser rehabilitada a través de su perfil de Instagram basándose en el resultado del informe pericial encargado por los propios dueños.

En cuanto a la práctica de las diligencias solicitadas por los recurrentes, los magistrados señalan que debe ser el órgano instructor el que se pronuncie y admita todas aquellas que considere pertinentes para la investigación.

En su resolución, notificada hoy a las partes, la Audiencia explica que las actuaciones «precisan de una mayor investigación» en torno al origen y las causas del fuego. El nuevo documento difiere del criterio del juez instructor y concluye que «no resulta asumible» que se cierre una investigación sin que se practiquen las diligencias necesarias «para determinar y aclarar todas las circunstancias que rodearon el siniestro, y si hubo alguna omisión o acción por parte de persona/s -que por infringir normas de cuidado- hubieran podido evitar el siniestro, o contribuir a la causación de siniestro previsible».

La Sección Cuarta de la Audiencia considera que el auto de sobreseimiento, aunque cumple con la necesidad de motivación, se dictó «en base a un simple oficio» emitido por la Brigada Provincial de la Policía Científica de Valencia donde se descartaba la etiología criminal de los hechos. El citado documento carece de la consideración de un informe por lo que su motivación era la de describir el estado de la investigación al órgano instructor cuando fue redactado. En resumen, el oficio policial no profundizaba en las causas y el origen del siniestro, ni aportaba las razones de la rápida difusión de las llamas «a través de un examen riguroso», aunque el escrito dejaba claro que se continuaría con las pesquisas dada la incipiencia en la que se encontraba la investigación en aquel momento.

Los magistrados recuerdan que el Juzgado de Instrucción no ha agotado todas las vías de investigación respecto al propio edificio, tales como si el inmueble «contaba con las oportunas licencias, si los materiales empleados para su construcción contribuyeron a la propagación del fuego, cumpliendo o no la normativa exigida en ese momento». Además, el auto tampoco hace referencia a las condiciones climatológicas que dificultaron las labores de rescate de las personas atrapadas en el interior de la finca en llamas, aunque sí alude a que otros datos como los administradores de la empresa constructora o el mantenimiento del inmueble requieren ser investigados.

Esta buena noticia para los afectados por el incendio de Campanar se suma a la prórroga de las ayudas anunciada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las Corts. Mazón puso en conocimiento público que se mantendrían tanto la asistencia social al alquiler a los residentes de la finca incendiada durante seis meses como la ayuda psicológica, unas medidas que amplió con los «impuestos cero» a la compra de una vivienda para aquellos propietarios y residentes que lo perdieron todo por culpa del fuego.