Un nuevo informe de la Intervención General del Consistorio pone en tela de juicio el control del gasto y de los contratos que se hacía en el seno de la EMT, todo un procedimiento puesto en duda por distintas auditorías y que ahora queda en solfa tras este documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. En el informe, fechado el 19 del pasado mes septiembre, los técnicos municipales critican que la auditoría realizada por una empresa externa pero encargada por la EMT este mismo año no tenía en cuenta decenas de aspectos sobre el control de las cuentas, entre los que destaca que el estudio no comprobó si los pagos para los contratos menores «se han efectuado respetando los plazos legales y contractuales». Cabe recordar que en septiembre la empresa fue víctima de una estafa que terminó con más de cuatro millones de euros de dinero público en dos cuentas del Bank of China en Hong Kong.
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El documento critica decenas de aspectos que la auditoría se dejó sin comprobar. Afea, por ejemplo, que la empresa no acreditara que los contratos se ejecutan «de forma correcta y completa, en los plazos establecidos y de acuerdo con las prestaciones originariamente contratadas». Además, critica que la empresa no comprobara que la EMT remitiera «trimestralmente al Ayuntamiento los contratos menores de cada uno de los trimestres del ejercicio 2018 con el objeto de su integración en la base de datos» municipal.
En este sentido, el informe también critica que no se sepa si la EMT remitió al Consistorio el estado de previsión de ingresos y gastos, así como el Plan Anual de Inversiones Financieras del ejercicio siguiente antes del 15 de septiembre de 2017, o si el estado de previsión de ingresos y gastos presentaba déficit. En este sentido, los técnicos cargan contra que no haya pruebas de que se comprobara que las cuentas de la EMT el ejercicio anterior se habían aprobado por el órgano competente y se habían rendido al Ayuntamiento antes del 15 de mayo de 2018. Finalmente, los auditores también critican que la empresa externa no acreditara que la EMT cumple con el principio de equilibrio financiero.
Pero no sólo sobre el control de gasto y los contratos menores tienen reservas los empleados municipales. «No se ha proporcionado evidencia de que se haya verificado que las altas de personal que han tenido lugar durante el ejercicio se hayan ajustado a lo previsto en la relación de puestos de trabajo (RPT) y se hayan incluido en la Oferta de Empleo Público aplicable a la Entidad», indica el documento, que es tanto como decir que las nuevas altas no se han hecho con la diligencia debida o, al menos, no se ha comprobado que así fuera.
Esta cuestión no es baladí porque el pasado fin de semana UGT ahondó precisamente en este tema. El sindicato emitió un comunicado en el que denunciaba el aumento de altos cargos de los niveles 1, 2 y 3, que han pasado de 16 a 36 en tres años. El PP se unió a estas críticas, al asegurar que el aumento de directivos en los últimos cuatro años ha sido del 174%. Según se desprende de las memorias anuales de la EMT, desde que Compromís llegó a la Alcaldía en el año 2015 «se ha pasado de 31 mandos o cargos directivos en la EMT a los 85 que tiene en la actualidad la compañía municipal de transporte», según fuentes populares, que aseguran que este dato «contrasta totalmente con el número de conductores que se ha incrementado un 14% y el de taller 17%, mientras el número de administrativos ha incrementado un 41%».
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Los populares se adhirieron ayer a la petición de pleno extraordinario que registró Ciudadanos para hablar del estado de la ciudad. «A Ribó sólo le preocupa su crisis de gobierno. Tenemos un alcalde que se pone de perfil ante todos los temas», criticó el portavoz de Cs, Fernando Giner.
La concejalía de Movilidad ha vuelto a enmendarle la plana a la de Urbanismo, lo que en la práctica supone un nuevo choque entre Giuseppe Grezzi y Sandra Gómez. El departamento de tráfico ha descartado la peatonalización de Jorge Juan entre Cirilo Amorós y la gran vía. Los técnicos creen que así se sobrecargaría de tráfico la calle. «El proyecto presentado para una peatonalización total de Jorge Juan -además de no detallar cómo se realizarían las conexiones peatonales en sus extremos e intersecciones, ni ningún otro tipo de señalización- no ha previsto que en ella se realice ninguna labor de carga y descarga, por lo que esta y sus efectos deberían trasladarse a Cirilo Amorós», explicaron fuentes de Movilidad.
La concejalía mantuvo el lunes una reunión con comerciantes del centro de la ciudad para analizar la reurbanización de la calle Jorge Juan. Desde el departamento que dirige Grezzi deslizaron, además, que los comerciantes les recordaron su impresión de que es prioritaria a cualquier otra actuación en la zona la reurbanización de la calle Isabel la Católica, algo con lo que los técnicos están de acuerdo. «En julio de 2018 ya facilitamos servicio de Urbanismo la planta de la misma para poder llevar a cabo el proyecto», dijeron, lanzando de nuevo la cuestión al departamento de Gómez.
La concejalía quiere peatonalizar el primer tramo entre Sorní y la gran vía y mejorar el segundo, ampliando aceras y previendo espacios donde realizar las obligadas labores de carga y descarga, así como haciendo compatible esta mejora con la actuación en Cirilo Amorós.
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