Una auditoría alerta del abuso de contratos a dedo en la oficina del plan del Cabanyal

En este caso, la auditoría presenta una opinión favorable, pero en el apartado de opinión y conclusiones se recogen «los incumplimientos significativos detectados en el ejercicio de 2020».

En este apartado se destaca que «la Sociedad ha utilizado la figura del contrato menor para la contratación de gastos recurrentes» y añade que «no se cumple con la resolución de 6 de marzo de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, de solicitar al menos tres ofertas alternativas».

En otro apartado se argumenta que «se pone de manifiesto que no dispone de relación de puestos de trabajo» y se determinan como que «no se ha dejado evidencia de que se haya comprobado si el personal directivo se ha designado atendiendo a principios de mérito, capacidad e idoneidad, mediante procedimientos que hayan garantizado la publicidad y la concurrencia.

Y, además, se señala que «no se ha proporcionado evidencia de que se haya verificado el grado de cumplimiento de los objetivos programados, así como el coste y rendimiento de los servicios prestados de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

En otro servicio, como es el caso de la fundación de la Policía Local, se cuestiona el encargo a la cátedra Protecpol de la UV de la creación de una ordenanza de Convivencia. En concreto, se argumenta que «la constitución de una cátedra queda fuera de las competencias municipales, por lo que no debería de ser financiada mediante un convenio por parte de la fundación municipal», en referencia a la fundación de la Policía Local de Valencia.

Esta misma cátedra es la que gastó miles de euros en taxis, comidas y ordenadores, tal como publicó este periódico.

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Ciudadanos critica nuevas contrataciones menores en la JCF

La concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Amparo Picó, critica que el edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, «ha contratado a un profesional del sector de la Publicidad, las Relaciones Públicas y la Comunicación para coordinar actividades durante un año por 17.545 euros y a una empresa externa para llevar la contabilidad y el asesoramiento contable por casi 18.000 euros recurriendo a contratos menores, cuando se trata de necesidades que podrían haberse planificado y licitado para varios años mediante procedimiento abierto para garantizar la libre concurrencia».

Picó explica que «somos partidarios de profesionalizar la JCF, pero es una falta de transparencia hacerlo sin comunicarlo ni al consejo rector ni a los falleros en la asamblea y el pleno».