Una auditoría alerta de contratos a dedo en Plan Cabanyal que incumplen la normativa

La auditoría del ejercicio 2020 ha sacado los colores a la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, formada por el Ayuntamiento y la Generalitat, acerca de los contratos menores gestionados por la entidad. El documento pasó este miércoles por el consejo y provocó las críticas de la oposición municipal.

En concreto, la primera objeción que aparece en las 20 páginas de análisis es que la sociedad no tenía en el momento de realizarse la auditoría una relación de puestos para el ejercicio 2020, por lo que se recomienda «definir por escrito y aprobar las políticas, procedimientos y límites de autoridad a todos los niveles organizativos, considerando los requerimientos legales asociados a los procesos en los que intervienen».

Igual de serio o más es todo lo que se refiere a los contratos menores. Los auditores comprobaron que sin excepción se les había dado «adecuada publicidad», sin que se realizara a lo largo del año ningún concurso público. Eso sí, tres elegir cuatro al azar se detectaron irregularidades en dos, uno por no pedir tres ofertas y el otro por ser recurrente y, por lo tanto, poder salir esta tarea a concurso.

Además, también se pone de manifiesto la «existencia de gastos en 2020 que no han sido tramitados como contratos menores». Desde el 28 de febrero de 2019, cuando se dictó la obligación de pedir al menos tres presupuestos en los contratos menores para tratar de frenar el abuso de los encargos a dedo, el Ayuntamiento y sus empresas no debe realizar de otro modo este tipo de contratación.

En cuanto al contrato recurrente, un asesoramiento que costó 3.500 euros y otro de limpieza por valor de 9.800 euros, los auditores recomiendan que se contrate por concurso para dar «cumplimiento a los principios de igualdad y concurrencia».

Las críticas llegaron desde la oposición también a cuenta de las pérdidas. El grupo popular denunció que el ejercicio de 2021 se cerró con «pérdidas, al igual que Aumsa, en este caso de 783.000 euros». Acerca de la contratación a dedo, el concejal Juan Giner pidió que debe «ser aclarada y resuelta a la mayor brevedad posible».

«Compromís y el PSPV deben explicar la razón de que existan gastos registrados en el ejercicio de 2020 que no fueron sido tramitados como contratos menores», reclamó. «La sociedad utiliza esta figura para contratar servicios recurrentes que finalmente han supuesto unas pérdidas de 783.000 euros», dijo.

El informe de la auditoría ha puesto de manifiesto que la entidad no está cumpliendo con la actual ley de transparencia, tal y como expresa el documento: «se ha detectado que la entidad no publica la totalidad de la información recogida en la norma». Además, los Populares señalan que los datos publicados en el portal no están actualizados.

En la misma línea, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés advirtió del «mal resultado de la auditoría legal y operativa», para señalar que «además de llegar demasiado tarde como siempre, no deja lugar a dudas en cuanto a problemas de transparencia, contratos menores no tramitados, falta de constatación de presupuestos ante contratos y mal uso de los encargos a dedo».

«Los auditores advierten de incumplimientos de la Ley de Transparencia en aspectos muy concretos, como la no publicación de ejercicios anteriores«. Según Estellés, »nos han dicho que en materia de contratos y transparencia se ha solucionado todo durante 2021, aspecto que comprobaremos exhaustivamente».

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