El Ayuntamiento, al borde del delito por no informar de maltrato animal

«La autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». Así define el Código Penal el delito de desobediencia, en el que podría estar incurriendo el Ayuntamiento de Valencia, como advierte el propio Síndic de Greuges.

«La falta de colaboración se encuentra tipificada en el artículo 502.2 del Código Penal», según subraya el propio Defensor del Pueblo de la Comunitat Valenciana. El caso que desencadena la crítica del Síndic en una de sus resoluciones se debe a la ausencia de respuesta del Consistorio respecto a un posible episodio de maltrato animal en la ciudad. Este se remonta a febrero del año pasado, cuando un ciudadano hizo saber al Síndic «la situación de maltrato en la que se encuentran unos animales», sin que el expediente dé más detalles al respecto.

En junio de 2017, la entidad solicitó un informe al Ayuntamiento, pero no hubo «ninguna respuesta municipal». El Defensor del Pueblo insistió «hasta en seis ocasiones más», con el mismo resultado de absoluta falta de información por parte del Consistorio. El Síndic critica en su resolución la «pasividad municipal» que impide a la institución contrastar los hechos.

La actitud municicipal contrasta con los ideales que hace menos de un año proclamó la concejala de Bienestar Animal, Gloria Tello, en una entrevista publicada por la agencia Efe: «Bienestar Animal fue una apuesta personal que fue vista con muy buenos ojos por Joan (Ribó). Estábamos siendo coherentes con nuestro programa electoral porque en Compromís llevábamos años de trabajo por sentar las bases de una política que avance en la defensa y los derechos de los animales».

El Síndic aprovecha en su resolución para criticar el 'abuso burocrático' de la administración y la ignorancia de las solicitudes de los valencianos. «El silencio administrativo es una práctica que genera en los ciudadanos una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material (proscritas por la Constitución Española) que obliga a los ciudadanos a acudir a la vía jurisdiccional para la resolución de sus conflictos, convirtiendo por ello en inoperante la vía administrativa», lamenta el expediente.

La resolución del Síndic, remitida a mediados del mes pasado, acaba recomendando al Ayuntamiento «que dicte resolución expresa y motivada», recordando el «deber legal» que posee el Consistorio de «prestar auxilio a esta institución con carácter preferente y urgente en sus investigaciones».

En otra resolución remitida a finales de abril, el Síndic también da un tirón de orejas al Ayuntamiento de Xàbia por falta de respuesta ante varias denuncias de maltrato animal por parte de la protectora Salvacan.