El Ayuntamiento cobrará las multas graves tras perder el 40% por impagos

El Ayuntamiento aprobará el próximo día 12 en la comisión de Gobierno Interior el convenio a firmar con la Generalitat para asumir la gestión y cobro de las sanciones graves y muy graves, una tarea enfocada sobre todo al cumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos. La Policía Local impuso el pasado año un total de 2.000 denuncias, de las que dejan de cobrarse hasta un 40% en cada ejercicio al prescribir el plazo máximo de años.

Esto último es la estimación realizada por el Síndic de Greuges para la media de los tres últimos años, en un informe donde denunciaba esta situación. Hasta ahora, las sanciones graves y muy graves corresponden por completo a la competencia de la Generalitat, mientras que las leves se quedan en la órbita municipal. En 2017 se levantaron un total de 995 actas de denuncia en materia de infracciones graves y muy graves de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. En total se impusieron 1.979 infracciones por faltas graves y 120 por faltas muy graves.

Estos últimos casos pueden llegar a 600.000 euros, el máximo que permite la normativa. En el informe del Síndic se indicaba la «insuficiencia de medios autonómicos para tramitar todas las actas de denuncia, lo que está provocando una situación inaceptable: la prescripción de un 30 al 40% de las actas de denuncia referidos a locales de Valencia en los últimos tres años».

La decisión del Ayuntamiento fue anticipada por el alcalde Joan Ribó en el pasado debate del Estado de la Ciudad y coincide con un repunte de las quejas vecinales por ruidos nocturnos, sobre todo en zonas de ocio y en el entorno de discotecas. La Policía Local mantiene medio centenar de lugares vigilados para impedir la práctica del botellón, aunque se trata de un fenómeno que no remite. El convenio quedará pendiente de firma para su entrada en vigor, que se mantendrá hasta finales de 2023, con la opción de recurrir entonces a prórrogas.

El expediente no detalla una previsión de la recaudación, aunque se da por descontado que serán varios miles de euros. Además, el efecto esperado es una mayor efectividad das las denuncias de la Policía Local, al suponer una sanción efectiva. El Consistorio entregará a la Generalitat una memoria cada seis meses, las denuncias recibidas, los procedimientos incoados, los resueltos, los archivados y los caducados, así como los recursos administrativos y el importe económico, junto con una justificación del gasto administrativo, al tener delegada la competencia.

El expediente indica que la «falta de tramitación o, en su caso, de resolución para sancionar los incumplimientos graves y muy graves conlleva, en primer lugar, la impunidad de aquellos locales sujetos a la ley de Espectáculos en aquellas infracciones que deberían conllevar un mayor reproche administrativo».

Sobre esto último se citan infracciones como superar el aforo máximo, incumplir medidas de evacuación, obstruir la función inspectora, reabrir establecimientos clausurados o suspendidos, realizar otros sin licencia, incumplir medidas de seguridad y sanidad, realizar modificaciones que alteran las condiciones de la licencia sin autorización, no tener seguro o incumplimientos de horario y utilización de medios sonoros». También se habla de una «pérdida de autoridad, entre otros, de la Policía Local, como agentes encargados, en su mayor parte, de velar por el cumplimiento de la normativa en Valencia».