El Ayuntamiento asumirá la construcción de 227 viviendas de alquiler social en diferentes barrios de Valencia

«Lo haremos desde el Ayuntamiento, de forma directa, porque ya lo hemos sacado a concurso y sólo se ha interesado una empresa. No tiene sentido volver a sacarlo. Tan jugoso no sería», ha indicado la primera edil. «Haremos las viviendas porque nosotros sí tenemos interés en hacerlas, no como ellos que en ocho años hicieron 14», ha dicho Catalá.

La empresa adjudicataria de las obras, Nuevas Tecnologías de Financiación S.L., ha comunicado al Ayuntamiento de Valencia que se retira de la licitación para la construcción de 227 viviendas de alquiler social en la ciudad. En su escrito explica que la causa de esta renuncia se halla en «las repetidas insidias vertidas profusamente contra esta empresa y su administrador por parte del portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia». La polémica y el «ruido mediático» generado han hecho que se retiren del proyecto los inversores y, por tanto, «el aseguramiento de capital y la financiación externa previamente apalabrados que debían aportarse al proyecto por el que licitamos no han podido conseguirse.»

En su escrito, la empresa adjudicataria lamenta «con profunda decepción» verse obligada a retirarse de la licitación «a pesar de haber puesto toda la diligencia exigible para cumplir con todos los requisitos, lo que ha sido impedido por la maledicencia gratuita.» La propuesta presentada por Nuevas Tecnología de Financiación S.L. al Ayuntamiento de Valencia estaba vinculada a un «proceso de negociación de la financiación ajena complementaria que se deberá justificar previamente, en su caso, a la adjudicación y firma del contrato, quedando la propuesta sujeta a este aseguramiento.»

Desde el PSPV se han alegrado de la salida de la empresa del proyecto. El portavoz socialista en el Consistorio, Borja Sanjuan, ha mostrado su satisfacción porque la denuncia del Partido Socialista haya frustrado el «pelotazo urbanístico de 155 millones que el gobierno del PP había adjudicado a Javier Timoner, marido de una diputada del PP en la ciudad e íntima amiga de María José Catalá». Sanjuan ha propuesto que, una vez fracasada la operación después de que los socialistas amenazaran con llevarla al Síndic de Greuges y a Antifraude, sea la empresa pública AUMSA la que desarrolle directamente el suelo municipal y construya las viviendas públicas.

«Que se haya tenido que frenar la adjudicación de un pelotazo urbanístico de 155 millones de euros al marido de la diputada del PP Alma Alfonso y ex administrador de una empresa que financió ilegalmente al propio Partido Popular demuestra que esta adjudicación era indefendible y que no podían justificarla sin que fuera obvio lo que estaba ocurriendo», ha manifestado.

Para el responsable socialista, la renuncia confirma que «estaban preocupados porque habíamos destapado la relación entre quien iba a recibir suelo público del Ayuntamiento de Valencia y el partido que gobierna. Primero, trataron de esconderlo y ahora, cuando se ha sabido la verdad, corren a intentar zanjarlo de manera rápida», ha continuado.

También Compromís ha pedido que ejecute el proyecto el Consistorio por boca de la portavoz municipal, Papi Robles. «Catalá no puede dejar pasar más tiempo, el problema de la vivienda en Valencia es muy grave, por eso debe ponerse a trabajar y asumir la construcción de estas viviendas de manera directa», ha indicado: «Catalá debe dejar de una vez por todas de jugar al Monopoly con nuestra ciudad para favorecer a los constructores privados».

Compromís considera que, si ni siquiera eliminando el canon las empresas han optado por construir estas viviendas, lo mejor que puede hacer el gobierno municipal es hacerlo directamente desde el Ayuntamiento. «La vivienda no puede ser un negocio para los especuladores. Y menos si los terrenos son públicos. Es indecente que un privado obtenga beneficios por explotar un suelo público destinado a vivienda residencial de alquiler social», ha señalado la portavoz valencianista.