El Ayuntamiento desestima una reclamación de 43 millones por la sentencia de Tabacalera

El Ayuntamiento aprobó ayer un trámites más para la recalificación de dos solares en la zona de la avenida de Francia, en las calles Río Escalona y 3 de abril de 1979, para la construcción de sendos edificios de viviendas en parte de lo que deben ser equipamientos públicos, en concreto un colegio y un jardín. El motivo es la legalización urbanística del plan de la Tabacalera y evitar el pago de 43 millones de euros.

La carambola se produce al tener el gobierno municipal que suprimir un solar edificable en la calle Micer Mascó debido a una sentencia en el Tribunal Supremo. La empresa afectada mantiene sus derechos, por lo que el Consistorio debe buscar acomodo a esas viviendas en otros lugares de la ciudad.

La solución ha pasado por trasladar esa edificabilidad a los solares citados, lo que ha generado un amplio rechazo vecinal, al considerar los residentes que pierden equipamientos públicos. La asociación vecinal de Penya-Roja ha encabezado estas protestas, con concentraciones en la calle y numerosos recursos.

El expediente que ayer pasó por el pleno fue motivo de más críticas. José Tárrega, portavoz de la entidad, señaló que «no nos ha sido notificado ni sometido a periodo de consulta pública, y por ello nos causa una grave indefensión. Tampoco entendemos, que con la grave crisis sanitaria y económica por el Covid-19, este punto tenga tal relevancia como para solicitar su inclusión en un pleno extraordinario».

Tras recriminar a la concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, la falta de diálogo, pidió nuevamente una solución que no perjudique a los residentes, además de destacar la ilegalidad de la operación.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés dijo que en febrero de 2020, los servicios municipales desestimaron la reclamación patrimonial de la empresa Guadalmedina, que pedía 43 millones de euros en daños y perjuicios por la imposibilidad de edificar viviendas en Micer Mascó. «Díganos qué ocultan y lo que tengan firmado, no está nada claro», señaló el edil.

La concejala del grupo popular María José Ferrer dijo que las prisas de llevar el asunto al pleno de este lunes han sido por «la omisión de informes técnicos en 2019. Nosotros les dijimos que habían vulnerado la ley por este motivo».

La concejala Gómez dijo que «siempre he estado abierta al diálogo con los vecinos, aunque no como me han planteado, con cámaras de televisión y convirtiendo el encuentro en un circo».

La edil mostró la sentencia del Supremo sobre la Tabacalera. «Un pelotazo de 200 millones y una sentencia que dejó fuera de ordenación todo. Nos impone una responsabilidad patrimonial y que Guadalmedina ya ha ejecutado, nos pide 43 millones de euros. «Esto es el tema, está condicionado todo por este motivo», señaló. Acusó a la oposición de no plantear alternativas. «¿Cuál es la propuesta que ustedes plantean? Esto lleva así desde 2015 y no han ofrecido ninguna solución».

Estellés dijo que desde «febrero de 2018 han empezado a trabajar el convenio, pero no lo enseñan. Sólo aprobamos el plan de la Tabacalera, pero ahí no dice nada de trasladar las viviendas a Penya-Roja».

Ferrer comentó que «no es cierto que la sentencia dijera nada de pelotazo, ya está bien calumniar», en referencia a las acusaciones de Gómez. «No dice que esa edificabilidad tenga que ir a Penya-Roja», aseguró.

La primera de las parcelas se encuentra entre las calles Río Escalona y Penya-Roja. La operación consiste en recalificar 1.391 metros cuadrados de los 5.893 que contiene la propiedad municipal, reservada para uso escolar. La pérdida de la primera cantidad, aseguran desde la concejalía de Desarrollo Urbano, no pone en riesgo la cesión que se haga en su momento para el futuro colegio, al quedar una cantidad suficiente según el criterio de la Conselleria de Educación. La edificación privada dispondrá de un número máximo de diez plantas y una superficie construida que podrá llegar a 7.405 metros cuadrados, lo que equivale a una cantidad de entre 55 y 60 viviendas.

En cuanto a la segunda propiedad, se trata de una parcela recayente a la calle 3 de abril de 1979, a espaldas del centro comercial Aqua y junto al polideportivo de la Cros. En este caso la superficie que ofrece el Ayuntamiento a la empresa es de 1.682 metros cuadrados, dejando otros 156 para la apertura de una calle, sin que suponga ninguna merma en el Plan General, apreciaron las mismas fuentes municipales.