El Ayuntamiento detecta 400 obras ilegales por falta de licencia en un año

El desplome parcial de dos edificios que comparten estructuras en las calles Barcas, 7 y Trànsits, 5 ha puesto el foco en la detección de las obras ilegales en Valencia, un apartado abultado que el pasado año se elevó a 400 casos de intervenciones sin licencias. En todos ellos se ha pedido a los responsables que restauren la legalidad.

Así lo indicaron ayer fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano, quienes precisaron que el trabajo se realiza en coordinación con la delegación de Actividades. La inmensa mayoría de los expedientes arrancan por denuncias vecinales, de residentes alarmados por la realización de obras que no cuadran con las condiciones de las viviendas, locales o incluso solares.

«La denuncia supone el inicio del expediente, aunque hay que comprobarla», precisaron. Los inspectores de la delegación de Dominio Público son los encargados de comprobar la reclamación o alerta, tras lo que se procede a comunicarlo a los propietarios, de vuelta a la concejalía de Desarrollo Urbano.

La normativa establece toda una serie de pasos a dar, con el fin de garantizar la transparencia del proceso. En caso de que pase el plazo y no se realicen las obras para eliminar todo lo realizado sin licencia, entonces empieza un goteo de diez multas coercitivas, que van desde los 600 a los 3.000 euros.

«Lo normal es que cuando empiezan a llegar las multas, los afectados realizan las obras para evitar más pagos», indicaron las mismas fuentes, quienes comentaron que hay «pocos casos en los que se agoten las diez sanciones; la última es la de 3.000 euros», precisaron.

El último recurso es el encargo a la contrata municipal para que asuman la ejecución del proyecto por dejación de los dueños de los inmuebles. «Esto es muy raro y sucede pocas veces», señalaron. La casuística es muy variada y puede ir desde el cerramiento de una terraza a una intervención en una planta baja, pasando por una construcción en un suelo protegido, como sucede en el parque de la Albufera.

La cifra de 400 casos abiertos de otros tantos inmuebles deja al margen lo que son irregularidades que tengan que ver con la actividad. Esto refleja en cierto modo la recuperación económica de la ciudad, con multitud de obras en marcha. En una respuesta dada al grupo Ciudadanos en el último pleno, el gobierno municipal señaló que el pasado año se dispararon las peticiones de licencia al Ayuntamiento.

En cifras, en 2016 se solicitaron 402 licencias de intervención en inmuebles, mientras que un año después ascendió a 427 casos y el pasado ejercicio, un total de 409. Es el único apartado donde se aprecia una tendencia similar, frente a las obras de nueva planta, que se disparan.

Así, mientras que en 2016 fueron 56 licencias, un año después ya fueron 84 y el pasado ejercicio ascendieron a 129 de nueva planta. Es la evidencia del desarrollo de nuevos barrios parados desde el inicio de la crisis económica como Patraix, las Moreras, Sociópolis o Quatre Carreres, entre otras zonas. Pero la verdadera novedad radica en las licencias de reforma y las declaraciones responsables.

Mientras que en 2016 fueron 163 casos, un año después ascendió hasta 224. El pasado ejercicio se cerró con 984 tramitaciones, un balance que aumentará después de la aprobación de la Ley del Territorio, que prevé hasta una veintena de nuevas modalidades para pedir la declaración responsable.

Esto es lo que genera un mayor número de obras ilegales en la ciudad, al no corresponderse las realizadas con lo entregado en el Ayuntamiento. Ante la avalancha de peticiones, el gobierno municipal aprobó hace escasas fechas un plan de choque con el que hacer frente al incremento de la carga de trabajo. La prioridad serán las actividades que acojan público, tengan ambientación musical o supongan cierto riesgo. Es decir, gasolineras, discotecas, pubs y todas aquellas obras encuadradas en este apartado.

El documento prevé un refuerzo de personal por este motivo, en una cifra por determinar, pero que fundamentalmente se nutrirá de interinos debido a los plazos más largos que necesitan las oposiciones de administrativos o inspectores.