El Ayuntamiento devuelve 8,7 millones de Plusvalías por reclamaciones vecinales

El Ayuntamiento ha tenido que devolver o está en ello un total de 8,7 millones de euros, producto de las 4.715 liquidaciones que han resultado a favor de los vecinos que reclamaron por el Impuesto de Plusvalías. Se trata de la aplicación de dos sentencias del Tribunal Constitucional que afectaron a estos pagos, una en 2017 y otra en 2021.

La portavoz del grupo popular en el Consistorio, María José Catalá, precisó que esta cantidad se divide en 8,5 millones por devoluciones y cerca de 200.000 euros por anulaciones. La cifra es más que abultada, a pesar de que se desestimaron 2.762 peticiones que sumaban otros 9,16 millones.

La portavoz aprovechó este balance para señalar que el gobierno municipal de Compromís y PSPV «no puede seguir más en su escalada de aumento de la presión fiscal a la familias y negocios de la ciudad. Deben ya tomarse medidas urgentes de apoyo y la mejor medida es bajar impuestos y tasas municipales como venimos pidiendo desde el PP».

La última sentencia del Constitucional promovió un millar de reclamaciones, según la contestación al grupo popular. El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, defendió antes de la modificación de la ordenanza que el cambio suponía una rebaja media de un 35%. Por el contrario, la edil recordó que el Consistorio «tiene ya más de 154 millones de euros en los bancos, 57 más que el año pasado, un dinero que debe estar en el bolsillo de los valencianos».

Aseguró que se han presentado «iniciativas para que funcione una bonificación del 95% para los casos de herencia, pero siempre han sido rechazadas nuestras propuestas por Compromís y el PSPV. También pedimos que el coeficiente que aplica el Ayuntamiento se rebaje del 29,5 % al 25%, pero tampoco la aprobó el gobierno municipal».

Catalá opinó que se trata de un impuesto «totalmente injusto y por ello presentamos una enmienda desde el Congreso de los Diputados cuando se aprobó la nueva ley de Plusvalías». El PP pedía cobrarlo sólo a empresas que facturen más de un millón de euros.

Para paliar el menoscabo que pudiera derivarse de esta nueva exención -a la que obligaba la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional-, para la suficiencia y autonomía de las entidades locales, el PP propone el diseño de un sistema de compensación que complemente los posibles efectos negativos de pérdidas de recaudación, un diseño para el cual piden de la participación de la Comisión Nacional de Administración Local y la Federación Española de Municipios y Provincias.

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