Hechos son amores y no buenas razones. Habrá que ver si se mantienen con el paso del tiempo y del mandato, pero el PP ha decidido ponerse manos a la obra con la situación que se vive en el número 262 de la avenida Constitución, ... en el barrio de Orriols. Tras una reunión mantenida con los vecinos el pasado martes, ese mismo día la Policía Local se personó en el inmueble y realizó una inspección de los pisos, que terminó con el tapiado de uno de ellos.
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Los agentes de la Policía Local personados en el edificio, que realizaban labores de vigilancia en el que ya se ha convertido en uno de los enclaves más peliagudos del siempre peliagudo barrio de Orriols, detectaron que una de las viviendas, la puerta 9, estaba abandonada. Para confirmarlo preguntaron al vecino del mismo rellano, que confirmó que hacía meses que no vivía nadie en ella. La casa estaba en malas condiciones. La Policía Local, por tanto, encargó su tapiado para evitar que fuera okupada en próximas fechas. Además, también el martes, el concejal delegado del Área de Seguridad, Jesús Carbonell, ha enviado una carta a la Sareb para reclamar actuaciones en los pisos vacíos o, al menos, que dé permiso al Consistorio para actuar ellos.
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En este sentido, desde el Ayuntamiento que dirige desde principios de verano la alcaldesa María José Catalá se ha hecho de la lucha contra la okupación uno de los pilares de la actuación en seguridad. En los inmuebles que están casi en su totalidad en manos de estos inquilinos sin contrato y que tampoco pagan alquiler, las molestias para quienes sí lo hacen son muchas. En Constitución, 262, convertido en un emblema del movimiento antiokupación, los Bomberos han tenido que acudir en varias ocasiones para sofocar incendios en las plantas más altas, que han llegado incluso a afectar a vecinos de edificios colindantes. Además, las peleas y discusiones en la calle son constantes, como comentan los residentes.
El Consistorio ha decidido, además, ponerlo todo en marcha para dar de baja en el padrón municipal a quienes okupan una vivienda. Es una de las medidas estrella del anterior equipo de Gobierno, que argumentaba que para poder acceder a las ayudas sociales y, por tanto, salir de la situación de exclusión social en que vivían muchas de estas personas, era necesario que estuvieran empadronadas. No podían estarlo, claro, si no estaban alquiladas, y no podían acceder a alquileres sociales si no estaban empadronadas. La pescadilla que se mordía la cola, decían. Sin embargo, el PP piensa que esa medida de alguna manera legitima la okupación.
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La reunión celebrada este semana pertenece a una primera ronda de contactos con vecinos que sufren problemas de ocupación ilegal. En ella, el Ayuntamiento de Valencia se comprometió a ayudar en la medida de lo posible a los vecinos que se enfrenten a este tipo de situaciones. Otros barrios afectados por la okupación, como por ejemplo la Malvarrosa, claman desde hace varios años contra este problema de seguridad y de convivencia. El anterior gobierno, y es de justicia decirlo, intentó también que la Sareb informara o actuara en los pisos de su propiedad en Orriols y en otros barrios de la ciudad, pero no consiguió nada más allá de buenas palabras. La situación es tan insostenible en enclaves como la avenida Constitución que los vecinos se han acostumbrado a convivir con insalubridad e inseguridad que complican mucho el día a día de familias enteras. El Ayuntamiento también quiere, en este sentido, dar un sostén social a las familias en riesgo de exclusión social.
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