PACO MORENO
VALENCIA.
Sábado, 31 de agosto 2019, 00:43
El concejal de Turismo, Emiliano García, se mostró ayer favorable a estudiar la ampliación de las zonas de la ciudad con un límite de apartamentos turísticos, tal y como se ha hecho en el distrito de Ciutat Vella y el Cabanyal-Canyamelar en sendos planes urbanísticos. El edil respondió así a la petición de la Federación de Vecinos y otras entidades de barrios, que ven el fenómeno de estas viviendas como un riesgo de que se reduzca drásticamente la población de residentes en numerosas calles.
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García señaló que a la vuelta de las vacaciones de verano se reunirá con una asociación de propietarios de viviendas turísticas, como el inicio de una serie de contactos con el sector para conocer opiniones sobre la futura regulación que habrá en el cap i casal. El desarrollo de la Ley de Turismo con un decreto permitirá esto a los ayuntamientos.
Hasta ahora, el gobierno municipal ha limitado el número de viviendas turísticas en Ciutat Vella y una parte del Marítimo. En el primero de los casos ha sido con la delimitación en los barrios de los edificios que pueden acoger hoteles y también apartamentos, tanto en bloques completos como en fincas compartidas con vecinos.
La nueva regulación dejará en línea de salida los casos de Benimaclet y Ruzafa, donde la oferta ha crecido mucho los últimos años. En caso de que sigan el modelo del Cabanyal, sólo podría haber una reserva de un 10% para apartamentos en cada bloque de viviendas.
Comentó que el criterio general seguirá siendo el establecido en el Plan General, es decir, que los apartamentos deben estar siempre en plantas por debajo de los vecinos y que no ocuparán más de la mitad de los pisos en cada comunidad. En cuanto a los que ya tengan la licencia o estén inscritos en el registro de la Generalitat, lo normal es que sigan manteniendo los derechos para la actividad turística.
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Ciutat Vella. El plan aprobado por el Consistorio necesita todavía la aprobación de la Conselleria de Cultura y Obras Públicas.
Cabanyal. El documento está en su recta final, aunque también está a la espera de que se respondan las alegaciones presentadas.
Ruzafa. Es el barrio donde más se demanda una limitación de apartamentos, debido al aumento de los precios en los alquileres.
Para el representante del Ayuntamiento, lo importante es que no se perciba la regulación como «un deseo de persecución, no es nada de eso, sino que consideramos que no puede haber competencia desleal y deben respetarse los derechos de los vecinos», sobre las quejas producidas sobre todo en los barrios de Ciutat Vella. «Todos los apartamentos que funcionen deben estar dados de alta y tributar en Hacienda, para que las condiciones sea iguales», dijo.
Las protestas arrecian en el Carmen, donde coincide además la falta de inversiones públicas, más allá de medidas puntuales para restringir el tráfico. Para las entidades vecinales, una de las claves pasa por la recuperación de numerosos edificios y solares, aunque como zonas residenciales y no destinados a viviendas turísticas.
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De ahí que la regulación sea determinante a la hora de promover el tipo de licencias de obras. No obstante, el Plan de Ciutat Vella tuvo que incorporar hasta 70 proyectos de establecimientos hoteleros presentados antes de que el documento saliera a información pública. Algunas de estas iniciativas están ya en marcha, aunque la mayor parte sigue a la espera de arrancar.
García admitió que las inspecciones deben aumentar, en lo que supone para los vecinos uno de los puntos débiles de la actuación municipal. La Policía Local realiza esta tarea, incrementada después de un acuerdo con la Agencia Valenciana de Turismo, para después enviar las propuestas de sanción a la Administración autonómica.
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Pero el fenómeno más preocupante para los vecinos es el de la despoblación, acelerada por la alta rentabilidad de los apartamentos frente a los alquileres convencionales. Personas como uno de los portavoces de la coordinadora vecinal de Ciutat Vella, Martín García, ven «lógico» que estas familias se decanten por el negocio, para reiterar después la necesidad de que el Consistorio y la Generalitat contrarresten esta situación con una regulación.
La cifra de un 10% máximo de edificabilidad para este sector en cada manzana de viviendas en el Cabanyal se decidió tras una revisión del plan urbanístico con las entidades vecinales. En un primer borrador se había optado por tres zonas con porcentajes diferenciados. En la parte interior era menor, mientras que en las proximidades de la playa aumentaba la reserva. Este antecedente es un acicate para las asociaciones del resto de la ciudad, al querer presionar al Consistorio para que decida unas limitaciones similares en otros barrios.
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