El Ayuntamiento de Valencia limita la zona de bajas emisiones al área con cámaras de Ciutat Vella

La normativa obligaba al Consistorio a declarar zonas de bajas emisiones antes del 1 de enero, y con esta medida, que es provisional, el Ayuntamiento consigue cumplir la ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética y garantizarse una prórroga de seis meses hasta junio de 2024 para elaborar la ordenanza que ha de articular toda la ZBE.

Los vecinos y comerciantes podrán acceder a cualquier zona de Ciutat Vella sin necesidad de disponer de etiqueta ambiental de la DGT. Es decir, si viven o trabajan allí y disponen de acreditación identificativa dará igual si tienen un vehículo diésel de 25 años de antigüedad o un coche eléctrico.

Esta propuesta del Consistorio llevaba meses encima de la mesa de Carbonell porque la APR cumple los requisitos para ser considerada una Zona de Bajas Emisiones, ya que está restringido el tráfico y sólo se permite la entrada a los vecinos. De esta manera, una vez lo apruebe la Junta de Gobierno, será la primera ZBE que tenga la ciudad de Valencia, que cumplirá así la ley. Entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Además, el Ayuntamiento matiza que en la propia propuesta se dice que «se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».

Eso sí, el Consistorio anuncia que llevará a cabo tras el paso de los seis meses de prórroga otras medidas para el resto de la ciudad. Es decir, la ZBE acabará afectando a más zonas de Valencia, ya que el Consistorio ha recibido fondos europeos para ello y si no se perderían. El gobierno municipal se compromete a que estas no supongan «restricciones relevantes a los derechos de vecinos y comerciantes» y, al mismo tiempo, que los fondos recibidos y gastados para comprar cámaras y sensores (que, por el momento, no se utilizarán) no sean devueltos a Europa.

Cabe recordar que, como ya publicó LAS PROVINCIAS a finales de noviembre, el Defensor del Pueblo había abierto una investigación al Ayuntamiento de Valencia por suspender o dar marcha atrás en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones. Además el cap i casal, las indagaciones de oficio incluyen otras 32 ciudades, entre las que se cuentan Elche, Orihuela y Alicante, así como Málaga, Murcia, Gijón o Badalona, entre otros.

Con los fondos europeos, que constan de dos partidas de 35 y 19,5 millones de euros, el Ayuntamiento ha comprado 257 cámaras de videovigilancia para el control del tráfico. «Hay que darles un uso que sirva a los efectos del concepto de bajas emisiones, es una obligación que tenemos», ha manifestado Carbonell. Por el momento el Consistorio no tiene la ordenanza definitiva, porque se están elaborando los estudios todavía, pero gracias a esa prórroga de 6 meses la intención es tenerla lista el 30 de junio de 2024, y ahí es donde figurarán las medidas adicionales con el resto de barrios de la ciudad.

Carbonell ha apuntado que la empresa que se está encargando junto con el Ayuntamiento de elaborar esta ordenanza es la que ha realizado los planes de movilidad de las ciudades de París y Milán. Además, con esos fondos europeos el Ayuntamiento va a adquirir 57 nuevos autobuses de la EMT. «Hemos creado el presupuesto más alto de la historia de la EMT, con esos autobuses nuevos que llegarán a finales de 2024, con los que podremos mejorar el transporte público, sus frecuencias, rutas, mejorará la calidad del servicio. Pretendemos disuadir a la gente del uso del transporte privado pero por la vía de la zanahoria, no del palo», ha expresado.

Precisamente según el estudio de esta empresa, Valencia «no supera los límites establecidos de mala calidad del aire por el Real Decreto estatal, por eso no estamos obligados a aplicar medidas excesivamente restrictivas, pero alguna sí habrá que adoptar. Jugamos con un margen de maniobra mucho mayor, no haremos medidas drásticas pero cumpliremos con la normativa. Eso sí, no van a ser perjudiciales para la ciudadanía. La calidad del aire en la ciudad es razonablemente buena, está dentro de los límites», ha destacado el concejal de Movilidad. Además, también ha apuntado que habrá «más carriles bici pero no va a ser perjudicando otros modos de transporte».