El Ayuntamiento da dos meses a Sanidad para demoler el hospital de campaña de Valencia

El Ayuntamiento ha ordenado a la Conselleria de Sanidad la demolición del hospital de campaña situado junto al Hospital La Fe en Malilla, junto a la V-30, dado que carece de cualquier tipo de licencia. Además, advierte a la Generalitat que se enfrenta a multas que podrían sumar hasta 30.000 euros en caso de que se retrase más allá de dos meses.

Así lo ha desvelado este lunes la portavoz del grupo popular en el Consistorio, María José Catalá, quien criticó que la infraestructura costó «millones de euros y apenas no ha servido para nada». La notificación, a la que ha tenido acceso el PP, rechaza las alegaciones de la Conselleria de Sanidad que se ha negado sistemáticamente a legalizar las obras como pedían los técnicos y ordena su demolición.

«Este informe confirma el despropósito de los hospitales de campaña del Botànic» ha señalado la portavoz del PP. «Puig debería de dar explicaciones a todos los valencianos por el dineral que nos va a costar pagar la chapuza del hospital de campaña instalado en La Fe. Se han gastado millones de euros en unas carpas que salieron volando el primer día, que se abrieron sin licencia y sin bocas de incendio, y que no han servido para prácticamente nada y ahora la Generalitat se enfrenta a una posible multa», asegura Catalá.

«Debería ser el señor Puig y la señora Barceló quien paguen la multa de su propio bolsillo porque la chapuza del hospital de campaña es responsabilidad suya», ha añadido Catalá. «Mientras en otras Comunidades se han construido hospitales para atender dignamente a las personas con Covid, en Valencia la izquierda optó por unas carpas que no han servido para nada«.

La notificación municipal recoge «ordenar a la Conselleria de Sanidad la restauración de la ordenación urbanística vulnerada por las obras ejecutadas en el mencionado emplazamiento, para lo que se concederá el plazo de dos meses, consistente en la demolición de las obras realizadas, así como para que aporte la documentación técnica que acredite dicha restauración».

El informe de la concejalía de Desarrollo Urbano advierte al Gobierno de Puig que, en caso de incumplimiento por parte del mismo de la orden de restauración de la legalidad urbanística, «podrán imponérsele medidas coercitivas, hasta lograr la ejecución de las medidas de restauración (consistente en la demolición de lo construido ilegalmente), y, entre ellas, multas coercitivas por períodos de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas, con un máximo de diez, o, en su caso, ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, y a su costa».

Por tanto la multa a la que se enfrenta Puig podrían llegar a los 30.000 euros por la construir y abrir sin licencia un hospital de campaña junto al Hospital La Fe que no ha tenido apenas uso y ha costado millones de euros.

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