El Consell reclama al Ayuntamiento los 38 millones que le adelantó para el circuito

Hace más de una década que los coches de Fórmula 1 no recorren las calles de la ciudad, pero el eco de aquellos días parece lejos de extinguirse. Se empeñan en ello unos y otros, que agitan el fantasma del Gran Premio de Europa con asiduidad. Ayer fue el vicepresidente tercero del Consell, Héctor Illueca, quien encendió las alarmas del Ayuntamiento al preguntar al Consell Jurídic Consultiu (CJC) si puede declarar nulo el convenio y exigirle al Consistorio que pague los 38 millones que adelantó la Generalitat para abonar las obras en la zona del PAI del Grao.

El también conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha firmado y trasladado la consulta dirigida al CJC respecto a diversas cuestiones relacionadas con el expediente en el que se tramitó la ejecución de obras del circuito. Para el vicepresidente, «catorce años después la Generalitat continúa pagando 7,5 millones de euros anuales por la nefasta gestión de los gobiernos del Partido Popular. Lo estamos pagando desde una conselleria que ha de atender en el día a día emergencias habitacionales». «En total más de 38 millones de euros que podríamos estar destinando a políticas de viviendas para las personas más vulnerables», dijo Illueca. La Generalitat pidió un préstamo de 60 millones que empezó a pagar en 2016 a razón de 7,5 millones al año. Los abonos terminarán en 2023. Lo que le reclama ahora el Consell a la Generalitat son 38 de esos 60 millones adelantados para «construir lo que era necesario para que pudiera hacerse el gran premio como puentes o accesos», según fuentes de la conselleria.

En concreto, el escrito dirigido al CJC recoge la consulta sobre «la posible nulidad del convenio de colaboración». Este acuerdo, firmado en 2007, estipulaba que el Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat Valenciana (GTP) anticipó el pago de las obras e infraestructuras por un total inicialmente previsto de 38.501.827,82 euros. Dado que la Generalitat no ha sido compensada de las cantidades de dinero que anticipó, se solicita que el CJC se pronuncie sobre el modo a través del cual debe exigir la Generalitat al Ayuntamiento de Valencia el reembolso de lo anticipado, tanto si se declara la nulidad del convenio como si no, así como cuándo podría exigirlo.

La Generalitat cree que hubo irregularidades que podrían suponer la anulación del convenio. La vicepresidencia tercera cree que quienes lo firmaron no podían hacerlo. En el documento se aprobaron cuestiones relativas a la determinación urbanística de la ciudad, pero no se tramitaron según indica la ley urbanística valenciana. El convenio establecía que la GTP avanzaba el dinero, que debía ser reembolsado por los propietarios tras la tramitación de los procedimientos urbanísticos correspondientes, pero dichos propietarios nunca llegaron a ser notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa. En consecuencia, el convenio abría la puerta a que fueran los propietarios del Sector Grau y no el Ayuntamiento quienes soportaran el coste de las obras.

Por su parte, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, pidió ayer al vicepresidente que no entre «como elefante en cacharrería» y le recordó que ya están negociando con los promotores para ver cómo se distribuyen las cargas. «Puedo entender que cuando alguien llega a un cargo venga con mucho ímpetu pero antes debería hablar con los que llevamos muchos años con esto», dijo.

Según Gómez, el PP «estafó a los valencianos» cuando dijo que el gran premio de Europa «no costaría ni un euro». «Seguimos intentando arreglar el empastre», señaló la también concejala de Desarrollo Urbano, que apuntó que no tiene «ningún sentido» anular un convenio urbanístico «que está ejecutado al 100%».

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