El Ayuntamiento pide al juez una orden que impida al pirómano acercarse a El Saler

El juez decidió recientemente excarcelarlo después de que el informe policial del registro domiciliario no aportara nuevos indicios de criminalidad respecto a su responsabilidad en los anteriores desastres medioambientales.

La defensa había reclamado la libertad porque no existía riesgo de reiteración delictiva y, además, el sospechoso cuenta con suficiente arraigo en Valencia para garantizar que no eludirá la acción de la Justicia.

El investigado, un abogado, tiene dos hijos mayores de edad. La Fiscalía no se opuso a la posibilidad de que quedara libre y el juez, finalmente, resolvió la cuestión en este sentido.

El Ayuntamiento de Valencia, no obstante, se encuentra personado en el procedimiento como acusación particular. Una acción que pretende que caiga «todo el peso de la ley» sobre la persona que presuntamente quemó el monte «y que puso en peligro los bienes y también a las personas que viven en El Saler», tal y como en su día denunció el vicealcalde Juan Carlos Caballero.

A la citada representación procesal no se le informó de la propuesta de la defensa sino que ya se comunicó la decisión judicial, según confirmaron fuentes municipales consultadas por LAS PROVINCIAS. Sin embargo, el Consistorio no se encuentra satisfecho con la resolución judicial. O al menos no en los términos acordados.

El letrado del Consistorio no ha recurrido la puesta en libertad del hombre, pero sí reclama una serie de medidas extra. En concreto, exige que se le imponga una orden de alejamiento del Parque Natural del Saler.

El juzgado aún no ha resuelto. No será fácil una decisión de esta naturaleza ya que un alejamiento del enclave, una extensión suficientemente amplia, le obligaría a un cambio de domicilio con el consiguiente perjuicio económico para el investigado. El hombre reside en una de la urbanizaciones más conocidas de la zona, enclave de descanso y paz para los residentes.

El titular de Instrucción 7 de Valencia acordó su libertad pero recogió la obligación que tiene el imputado de comparecer en el juzgado cada vez que sea requerido por el instructor, así como por el Seprona de la Comandancia de Valencia, la unidad de élite de la Guardia Civil, que continúa con sus pesquisas. El hecho de que no le impusiera ni siquiera unas comparecencias apud acta –acudir al juzgado a firmar periódicamente– demuestra la confianza en que el sospechoso no se fugará.

Los vecinos de la zona de El Saler hicieron un retrato robot del detenido como una persona tímida, apocada, de carácter reservado, que frecuentaba los bares de la zona y salía a pasear solo. Se separó hace algunos años y, en la actualidad, vivía con sus hijos, fruto de este matrimonio.

Algún comentario de los residentes a la Guardia Civil despertó las sospechas de los agentes sobre este individuo. Un repaso a los antecedentes sólo hizo que multiplicar esa sensación de inquietud: el hombre había sido detenido por otros dos incendios en 2000 y 2005.

Las pesquisas para aclarar los tres siniestros del pasado 21 y 22 de octubre se aceleraron. Los agentes atribuyen al sospechoso todo este episodio del mes de octubre. Pero, la realidad, es que la zona acumula nueve conatos, de mayor o menor gravedad dentro de la categoría, desde el pasado verano.

La situación obligó a reforzar la vigilancia de la zona. Agentes uniformados, pero también unidades de paisano, recorrieron los principales caminos de acceso para tratar de recopilar indicios sobre el autor o autores de los siniestros. De igual modo se revisaron imágenes de cámaras para tratar de localizar algún sospechoso y se realizaron numerosos controles en la carretera y accesos a la Devesa

La tensión sobre el paraje de la Dehesa de El Saler se disparó hasta tal punto que la gestión de este pulmón verde de Valencia se ha convertido, como en tantas ocasiones, en un motivo de enfrentamiento político entre los bloques con representación institucional.