El Ayuntamiento recorta desde este jueves las terrazas y los hosteleros anuncian protestas

Sentada, pitada, exhibición de pancartas o cualquier manera para hacer visible una queja a la que ponen cifras: más de un centenar de empleados a la calle, sostienen. Esta semana acudieron a la plaza del Ayuntamiento para entregar una carta al alcalde Joan Ribó, con el fin de que paralizara la actuación.

Eso no sucederá, indicaron fuentes cercanas a la concejala de Espacio Público, Lucía Beamud, para indicar que se ha aprobado un plan especial para «reducir las dimensiones de las terrazas con dos objetivos: Terminar con las molestias por el ruido y consolidar los espacios peatonales, dejando un paso de cuatro metros por todas las aceras».

Las mismas fuentes apuntaron que se trata de una intervención que reducirá «de forma considerable la superficie de los puntos más conflictivos y que limita los espacios que pueden ocupar las terrazas a tan sólo una fachada del local. Estamos convencidos de que estas medidas tendrán un efecto muy positivo».

La asociación de empresarios de hostelería sostiene que en el expediente no hay criterios definidos que expliquen la reducción de cada uno de los locales, para subrayar que la reducción a la mitad es una «decisión política».

La cuestión de fondo es el intento del Ayuntamiento de evitar la declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) por un juzgado, dado que la asociación de vecinos Plaza Honduras, junto con la de Ciudad Jardín, ya ha presentado un recurso para conseguir la reducción de horarios y licencias de actividad, entre otras iniciativas, en favor del derecho al descanso.

«Desde el gobierno municipal concebimos a la ZAS como un último recurso. Evitarla implica salvar hostelería, dinamismo en los barrios y puestos de trabajo. Antes de llegar a la declaración de una ZAS es necesario aplicar todas las medidas de regulación y ordenación del espacio público», indicaron desde la concejalía.

Por el contrario, los hosteleros han recabado 552 firmas de vecinos para el apoyo a un «plan de medidas de lucha contra el ruido; así como su rechazo al plan de recortes indiscriminado de todas las terrazas del barrio que difícilmente va a servir para resolver la problemática».

Entre las medidas propuestas a Ribó se habla del mantenimiento de la campaña de control de los locales, así como la puesta en marcha de una campaña de control de los pisos universitarios, junt con la creación de una zona dirigida a la reunión de la población universitaria alejada de la zona residencial.

Fuentes de la concejalía indicaron por último que el plan especial ha detectado un total de 33 establecimientos que adeudan importantes cantidades al Ayuntamiento por conceptos diversos, como pueden ser sanciones por superar el aforo permitido, exceso de ocupación de vía pública, superar los niveles de ruido permitidos o incumplimiento de horarios, entre otros.