El Ayuntamiento de Valencia recurrirá ante el Supremo la sentencia que permitía abrir bares a menos de 30 metros

A raíz de la resolución judicial notificada a las partes el pasado 5 de septiembre el Consistorio encargó un informe a los servicios jurídicos municipales para actuar en consecuencia. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, optó por la prudencia desde un primer momento alegando que todavía era pronto para conocer las medidas que debía tomar el Ayuntamiento, razón por la que encargó el citado documento legal a la asesoría jurídica. No obstante, la primera edil sí que manifestó que el derecho al descanso «es prioritario para este equipo de gobierno».

El fallo del TSJCV vino derivado de un recurso de dos entidades hosteleras, SOS Hostelería y la Asociación Valenciana de Operadoras de Máquina Recreativas (Asvomar), que cargaban contra el primer y tercer apartados del artículo 60 de la ordenanza de contaminación acústica del Rialto. Esta parte de la normativa enunciaba que en Valencia no se iba a autorizar la implantación de nuevos establecimientos como cafés teatro, cafés concierto, salas de fiestas, salas de baile, pubs o salones de banquetes, en zonas de uso dominante residencial si no existía una distancia de separación mínima de 30 metros.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano vieron que el veto de Ribó a los locales de hostelería incumplía los principios de necesidad y proporcionalidad para regular la contaminación acústica. En cuanto a la necesidad, el tribunal indicó que el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento aportado en el procedimiento era un «elemento interpretativo» de la norma, pero que este documento no justificaba la necesidad de la implantación de la medida. Respecto al principio de proporcionalidad, los magistrados señalaron que no apreciaban un motivo que justificase «el porqué de la fijación de al menos 30 metros como límite entre los establecimientos».

«Entendemos que la forma de controlar o evitar la contaminación acústica no es estableciendo limitaciones desproporcionadas a través de distancias entre los establecimientos sin ambientación musical como es el caso, sino lo proporcional sería hacer cumplir el uso del ruido por los mismos hosteleros mediante los instrumentos de los que dispone el Ayuntamiento y en el ejercicio de sus competencias», precisó el fallo del TSJCV.

Tal y como publicó LAS PROVINCIAS, La distancia de la discordia, los 30 metros mínimos que tenían que separar los nuevos establecimientos hosteleros que quisieran abrir sus puertas en Valencia, enfrentó dos visiones diametralmente opuestas en este tema: la de los vecinos y la de los hosteleros. Mientras el sector de la hostelería se mostraba «exultante» con el fallo, la Federación de Asociaciones Vecinales, consultada por este diario al respecto, expresó que su intención era presentar un recurso ante la sentencia puesto que no era firme. Eso si, consultando con sus servicios jurídicos de manera previa la decisión.

Fuentes de la federación vecinal señalaron que el recurso se pondría en marcha teniendo en cuenta que la contaminación acústica «es un grave problema incluso de salud para los vecinos de varias zonas de Valencia». «Los residentes sufren en sus propias carnes la contaminación acústica y es un fenómeno que ocurre casi todos los días del año en muchas partes de la ciudad», remarcaron antes de reivindicar la declaración de más Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en la capital del Turia. De hecho, algunas fuentes jurídicas consultadas especializadas en materia de ruido, apuntaron la posibilidad de un escenario en el que se podría declarar la nulidad de la sentencia. En este caso, los vecinos se tendrían que personar como parte interesada, aportar pruebas periciales de la saturación acústica y que, finalmente, la justicia amparase su recurso.

Asimismo, el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, también quiso poner en valor las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para combatir el ruido en las calles de la ciudad derivadas de la actividad hostelera. Caballero recordó que ya a principios de agosto el Consistorio abrió una convocatoria para financiar modelos de terrazas más verdes y con un menor impacto sonoro. El Servicio de Mejora Climática habilitó un presupuesto de 10.000 euros para la concurrencia de profesionales y empresas a este concurso relacionado con la innovación. El comité de valoración está formado por dos representantes del Ayuntamiento, un profesional de Valencia Innovation Capital, otro de la Fundación del Diseño de la Comunitat y un último del Colegio de Diseñadores de Interior de la región.