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El Ayuntamiento de Valencia ha convocado la Mesa General de Negociación, donde están los sindicatos, tras las dos sentencias que tumban las bases del proceso ... de consolidación aprobadas por Joan Ribó en verano de 2022. Así lo ha anunciado la concejal de Personal, Julia Climent, ha explicado que ese encuentro servirá «para dar cuenta e informar a los sindicatos del contenido de las sentencias».
Según ha explicado Ciment, en dicha reunión «se abordará la necesidad de modificar las actuales bases en los apartados anulados, siguiendo los criterios establecidos por las resoluciones judiciales, previa negociación con los representantes de los trabajadores».
Las sentencias anulan los apartados de las bases en los que se valora la experiencia, por entender desproporcionada la mayor valoración que se atribuye a la experiencia profesional adquirida en el Ayuntamiento de Valencia frente a la adquirida en otras administraciones públicas.
Tampoco considera correcto el juzgado que únicamente se valoren los ejercicios aprobados en los procesos selectivos del propio Ayuntamiento de Valencia, sin consideración de los superados en otras administraciones distintas.
Entiende el tribunal que estos dos apartados de las bases conculcan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, de acuerdo con una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, referida a los procesos de estabilización de otro Ayuntamiento, cuyo contenido asumen y reproducen las dos sentencias notificadas.
La concejal ha declarado que el contenido del fallo «era esperado tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ya adelantaba la anulación de los apartados recurridos. A estas dos primeras sentencias les seguirán las que quedan pendientes de dictarse en los 26 recursos presentados en su día contra las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia».
Asimismo, Climent cree que no hay demasiado hueco para los recursos. «Los servicios jurídicos municipales están estudiándolo, pero la viabilidad es reducida porque los fallos se apoyan en una previa sentencia dictada por el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana», ha indicado Climent. Esta cuestión afecta a unos 1.700 funcionarios interinos en la Casa Gran.
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