El Ayuntamiento subasta 23 propiedades del Cabanyal y las requisará si se usan como apartamentos turísticos

Aviso para navegantes. La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, lo ha dicho alto y claro. No van a permitir que las viviendas, bajos y solares que van a sacar a subasta en el Cabanyal se usen como apartamentos de alquiler de uso turístico.

En las dos subastas anteriores, las realizadas en 2016 y 2017, ya se incluyó un punto referido a que las propiedades se vendían para convertirlas en viviendas habituales o en casas de alquiler por un periodo de al menos diez años, de ninguna manera en pisos turísticos, pero ahora además se anuncian medidas si alguien opta por esta alternativa.

En concreto, Sandra Gómez ha lanzado el aviso de que «queda prohibido adquirir las propiedades que se subastan para alquiler vacacional, con la advertencia de que se revertirá la propiedad si es puesta en este tipo de alquiler».

Es decir, ha afirmado que si en Plan Cabanyal hay constancia de que se utiliza para uso turístico, se requisará la vivienda «y eso es un riesgo que deben de conocer», ha añadido Gómez.

También ha indicado que «por tanto, se prohíbe expresamente este uso » y ha añadido que es importante que se tenga en cuenta este aviso «porque se revertirá la propiedad y además no tendrán derecho al reintegro del dinero».

En esta subasta, la tercera en cinco años, se pondrán a la venta 23 inmuebles, de ellos, ocho son solares, ocho casas y 7 locales «a los que se le podrá dar uso de residencia, porque apostamos más por que lleguen nuevos vecinos para revitalizar el barrio».

Todavía no se ha concretado el precio por metro cuadrado ni se han hecho públicos los puntos donde se encuentran los inmuebles porque el consejo de administración de Plan Cabanyal, previsto inicialmente para este jueves, se ha trasladado al 15 de junio.

Lo único que ha avanzado la vicealcaldesa y concejal de Desarrollo Urbano es que las propiedades que se subastan están en la conocida como 'zona cero', es decir, entre la parte trasera de la estación del Cabanyal y casi hasta la calle de la Reina, con algún inmueble disperso.

Gómez ha recorcdado que con dinero del fondos Arru se rehabilitarán una treintena de casas para darle un fin social, pero ha defendido que "hay que compatibilizar las dos cosas, es decir, las viviendas sociales públicas deben de ir acompañadas de inversión privada, porque las posibilidades del Ayuntamiento son limitadas".

Es decir, que aboga por vender propiedades públicas para que sea la iniciativa pivada la que también rehabilite. Y ha detallado que "hay que volver al estado de normalidad. No es normal que el Ayuntamiento tenga tanta vivienda pública en una zona concreta del barrio". Por eso ha insistido en que "está bien que el Ayuntamiento rehabilite y haga vivienda social, pero tiene que ir acompañado por inversión en vivienda privada".

Y es que como ha recordado, "sólo el Plan Cabanyal expropió entre 170 y 180 viviendas con el objetivo de derribar la zona del Cabanyal y hacer la ampliación de Blasco Ibáñez, con el sufrimiento que creó en más de 400 viviendas que se expropiaron tanto por parte del Ayuntamiento como de Aumsa".

Ha añadido que durante ese tiempo "las viviendas cayeron en el olvido, se han ido degradando o en el peor de los casos fueron ocupadas ilegalmente produciendo problemas de convivencia".

Ahora se saca el lote de 23 propiedades, cuando en los años 2016 y 2017 sólo fueron otras 20, ya que durante este tiempo han encontrado la reticencia de Podemos a desprenderse de vivienda pública, porque querían dar respuesta a posibles casos de subidas de los alquileres, tal como ha sucedido.

Por eso, quizá destaca como novedad que será la primera ocasión en la que se oferten antiguos almacenes, talleres o naves que están en desuso y que una vez adquiridos, podrán utilizarse como viviendas o incluso como estudios de diseño o de artesanía.

En la baremación se prestará especial atención a que el participante en la subasta esté empadronado en el barrio, con empadronamiento anterior o que trabaje en la zona, "para que vuelvan a tener raíces en el barrio", según Gómez.

También se tiene en cuenta si son personas mayores de 65 años, personas dependientes o con discapacidad, menores de 35 años, familias numerosas, monoparentales con hijos a cargo, personas separadas o divorciadas o víctimas de género o de terrorismo.

La vicealcaldesa ha aclarado que "las personas podrán optar a varias propiedades, pero se ha fijado la condición de que sólo se le pueda adjudicar una".

A la pregunta de si tendrán preferencia los antiguos propietarios, es decir, gente que fue expropiada, Sandra Gómez, ha contestado que "valoré contemplarlo, pero no se puede hacer porque estas propiedades son de patrimonio público de Plan Cabanyal. Hemos priorizado que estén empadronados o trabajen en el barrio, pero no se puede cerrar tanto. Era una idea, y era de justicia, pero no se puede hacer".

También se le ha preguntado si tenía constancia de si la Conselleria de Culturahabía aprobado ya o no el catálogo de edificios protegidos del Cabanyal y la respuesta escueta de Gómez ha sido que no. Y es que hace dos años se presentó la nueva documentación del Plan Especial del Cabanyal y este plan está ahora en estudio en la Conselleria de Cultura, pero la nueva protección para 1.200 edificios ha atascado este PEC en Cultura.

Por otro lado, la vicealcaldesa ha confirmado que en otoño comenzarán las obras de construcción de los nuevos edificios de restaurantes del paseo marítimo de Valencia, en la Malvarrosa. "Ahora hemos aprobado la evaluación ambiental. Llevamos tiempo hablanco con los hosteleros porque ahora los edificios no cumplían los criterios paisajísticos, porque el diseño es cerrado, opaco y en algunos locales no se puede usar la primera planta".

Ahora ha afirmado que sí se podrá hacer. La planta baja de los nuevos edificios será de 230 metros cuadrados (50 metros de terraza desmontable) y "se exige que, como mínimo, el 40% de la fachada sea de vidrio, para que sea transparente y se vea el mar. Es decir, para que no se a una pantalla y se integre".

Ha añadido que se han hecho algunas modificaciones en el diseño del tejado para que las placas solares que se instalen no tengan zonas con sombraje.

Y también ha anunciado que en la junta de gobierno de este viernes se parobará la licitación del Plan de Especial Protección y reforma de San Miguel de los Reyes. "En este estudio se determinará el entorno, cómo quedan las casas colindantes, cómo se resuelven los accesos, las zonas verdes y de huerta y los caminos rurales".

El ámbito dé actuación es de 317.000 metros cuadrados, con 177.000 metros no urbanizables, y la licitación es por 86.030 euros y se da un plazo de nueve meses para dar seguridad al entorno antes de que acabe 2023.

Sobre el muro de San Miguel de los Reyes, que ha entrado en mayo en la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra porque, a pesar de ser un muro medieval, tiene agujeros, sufre grafitis y tiene partes mal restauradas, Gómez ha recordado que "es una propiedad que depende de la Conselleria de Educación y Cultura. Deseamos que se pongan las medidas para conservarlo en el mejor estado posible".

En cuanto al convenio pendiente en el Parque Central para el canal de acceso, la vicealcladesa ha afirmado que siguen trabajando y que se han reunido con la entidad del Parque Central "y la idea es que durante este mes de junio Adif licite las obras".

Y sobre qué opinión le merecía que el compañero de gobierno, el concejal Giuseppe Grezzi, no tenga todavía listos los servicios de hamacas, sombrillas y quioscos de las plas de Valencia, la vicealcaldesa ha evadido el tema y ha contestado que "el concejal de Protección Ciudadana hizo la presentación de la unidad de playa, un servicio que ha mejorado a nivel de efectivos, de medidas y recursos". Y sólo se ha referido al problema de que todavía no se hayan adjudicado los servicios de playa diciendo que "este año se ha retrasado más. No conozco el expediente del servicio de Playas".

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