El Ayuntamiento de Valencia denuncia que tendrá que afrontar el pago de expropiaciones aplazadas por el gobierno de Ribó

Las concejalías de Urbanismo y Hacienda están analizando esta situación sobrevenida para hacer números, ya que una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional toda la normativa del Consell que contemplaba la posibilidad de que los municipios de la Comunitat fueran haciendo sucesivas prórrogas antes de hacer frente al pago a los dueños de los terrenos.

Como explica el concejal de Urbanismo, Juan Giner, la sentencia «ha anulado las prórrogas que se estaban haciendo estos últimos años para pagar las expropiaciones» y no hay que olvidar que la ley establece que, transcurridos cinco años tras la clasificación del suelo público por parte de los ayuntamientos, los propietarios pueden pedir que le expropien.

Giner recuerda que las «prórrogas se establecieron desde el año 2018», pero tanto el concejal de Urbanismo como la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, coinciden en señalar que mientras se estaban permitiendo estas prórrogas, «el anterior equipo de gobierno no hizo una provisión de fondos para tener dinero para cuando tocara pagar las expropiaciones».

Juan Giner argumenta que el departamento de Expropiaciones está mirando y valorando la situación porque hay multiplicidad de supuestos, pero afirma que en «un primer análisis, se podrían habar de alrededor de 30 millones de euros».

Precisamente este viernes, tras la Junta de Gobierno, la edil de Hacienda ha criticado al gobierno de Ribó porque «a pesar de que hacían aplazamientos de pago de expropiaciones, no tenían un fondo presupuestario asignado para cuando hubiera que pagarlo, y ahora que la sentencia declara ilegales estas prórrogas, y nos han dejado este panorama».

San Segundo explica que se está analizando cuántos pagos se tendrán que atender en los próximos años por este tema y, se ha dirigido a los partidos que están ahora en la oposición y ha lanzado el siguiente mensaje: «Tuvieron responsabilidad y no hicieron una provisión de fondos. Lo que deberían de hacer al menos es no mentir porque nos han trasladado el problema cuando es un 'pufo' que heredamos del gobierno de Compromís y PSPV».

Ahora tendrán que ver cuáles hay que satisfacer en el corto plazo y calendarizar el resto. Para ello, una de las medidas que están adoptando es revisar las distintas áreas funcionales, como pudiera ser en Campanar, Benimaclet, o en otras muchas de la ciudad en expansión para ver la opción de ofrecer aprovechamientos urbanísticos.

En primer lugar van a clasificar y detectar la situación de cada uno de los terrenos a expropiar. Luego se verá en qué situación temporal o de urgencia se encuentran y se valorará si se puede solucionar con aprovechamientos urbanísticos.

En los casos que esta opción no pueda realizarse, se tendrá que efectuar con fondos de contingencia o con la modificación del presupuesto. En todo caso, como hay cinco años de margen para ir viendo estos casos, se podrá ir incluyendo de forma paulatina en el presupuesto año a año y no hay que olvidar que, en el caso del Ayuntamiento de Valencia, el presupuesto anual ronda los 1.000 millones.