Patricia Orduna
Valencia
Viernes, 20 de diciembre 2024, 18:27
El 'last dance' del Ayuntamiento en 2024 ya ha tenido lugar durante este viernes. Una forma óptima para acabar la semana y, casi, el año. El pleno del mes de diciembre que se ha celebrado durante siete horas ha culminado tras un intenso debate sobre ... múltiples cuestiones relacionadas con la dana, la gran protagonista de la jornada. Entre otros, se han tratado temas como la gestión, las ayudas económicas, las viviendas, la educación, etc. Lo más importante de esta jornada ha sido la aprobación de los presupuestos municipales para 2025, «los más altos de la historia de este Consistorio» según su portavoz, Juan Carlos Caballero. Una gestión para el próximo año de 1.210 millones de euros que ha sido aprobada tras una ardua batalla.
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La dana se ha llevado todo el protagonismo en un pleno celebrado casi dos meses después de la tragedia. En este tiempo se han limpiado calles, movilizado personal y voluntarios y, poco a poco, restablecido en mayor o menor medida la normalidad. Se ha aprobado un homenaje en forma de plaza a las víctimas de la dana, pedido más recursos y ayudas. Sobre las pedanías de Valencia, que es lo que compete a este ayuntamiento, Sanjuan ha lamentado que los presupuestos para el próximo año «dedican el 0,8% del total a cosas relacionadas con la dana y no contempla ningún cambio en las partidas». Esta posición contrasta con la que detalla la concejal Ferrer San Segundo refiriéndose al edil socialista: «El día después de la dana dijo que era urgente aprobarlos, sin modificaciones, y ahora dice que no».
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El pleno se ha desarrollado con cierta crispación, enfados desde la oposición hacia el gobierno por la gestión y reproches del sentido contrario por las «falsedades» que dictan desde Compromís y PSPV, según el gobierno municipal. En líneas generales, estos dos grupos han basado sus intervenciones en criticar algunas de las actitudes y decisiones tomadas los días posteriores a la dana, calificándolas, por ejemplo, de «insuficientes» y «poco diligentes». Incluso la concejal del grupo municipal de Compromís ha llegado a utilizar el término «clasista» para referirse a la gestión de la dana cuando la ha comparado con la del incendio de Campanar: «Llevaron a los vecinos de Campanar a hoteles y a los de las pedanías a albergues».
Por otro lado, los concejales populares se han escudado durante horas en aportar datos sobre las actuaciones que habían llevado a cabo y apelando al Gobierno de España en ciertas ocasiones, como en el tema de la vivienda de los afectados por la dana: «Si quieren hablar de números, hablemos de números. El Gobierno de España ha aportado cero viviendas, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat ya han aportado cientos de viviendas nuevas». Además, los populares también han escuchado durante el pleno las intervenciones de diferentes asociaciones en representación de los vecinos de las pedanías afectadas, algunas con un tono más calmado y otras que han mostrado mucha rabia contenida.
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Más allá de la dana, un tema relevante y resonado desde hace ya algunos meses es la incorporación de una nueva tasa de basuras a partir de 2025. Un nuevo impuesto que viene, como su nombre indica, 'impuesto' desde el Gobierno de España. Esta ley obliga a los ayuntamientos a repercutir en los ciudadanos una tasa que asciende a cerca de 47,6 millones de euros en el caso de los valencianos. La concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha mostrado su desacuerdo y recordado que «es la primera vez en la historia del municipalismo español que el Gobierno de España obliga a todos los ayuntamientos a imponer una tasa».
Además, ha lamentado que no hay forma de hacerse cargo de esta tasa sin que llegue a los vecinos de Valencia: «Que la tasa sea no deficitaria impide a los ayuntamientos hacerse cargo del impuesto de basuras y poder hacer modificaciones en el mismo». Sobre la aplicación de esta nueva ley, Sanjuan ha reprochado al gobierno: «Han unido los residuos con el gasto de agua, son dos cosas que no tienen nada que ver. Y no se ha incluido como actividad económica la explotación de apartamentos turísticos». Pero poco tiempo ha tardado la concejal de Hacienda en responder: «Hemos contabilizado la tasa de residuos en función de los metros cúbicos de agua consumida porque la culpa es de la ley del Gobierno de España, hicieron una ley pésima donde no especifican ningún parámetro en el que basarse, fue un 'ya se apañarán' pero, eso sí, es obligatorio aplicarla».
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También se incluye en el pleno de diciembre un punto de debate sobre la Mostra de Valencia. Respecto a ello, la concejal socialista Maite Ibáñez ha lamentado que el pleno «lleva a la liquidación final este proyecto» y sentenciado: «La cultura está claro que no es prioridad del gobierno del Partido Popular. Y menos para Vox». Por su parte, la concejal de Compromís Gloria Tello lo ha calificado como «una muerte anunciada», llamando «malos» a los populares y asegurando que «el tiempo pone a los malos en su lugar y en 2027 habrá un giro de guion donde podamos disfrutar otra vez de la cultura». José Luis Moreno, concejal de Cultura, ha querido tomar la palabra para esclarecer que «no desaparece la Mostra, sino que desaparece el organismo de la Mostra, y son dos cosas diferentes».
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