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Lola Soriano Pons
Valencia
Viernes, 19 de abril 2024, 14:37
El gobierno de María José Catalá ya ha tomado una decisión sobre el Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grao. Han decidido desatascar el proyecto que lleva ocho años en compás de espera y, para ello, van a impulsar un cambio de gestión del proyecto.
En lugar de desarrollar el propio Ayuntamiento la iniciativa de forma directa, que es lo que lo que había previsto el gobierno de Compromís y PSPV, se va a realizar un cambio para dejar en manos de los propietarios del suelo el desarrollo del proyecto.
Así lo ha avanzado este viernes el concejal de Urbanismo, Juan Giner. Ha anunciado que el estudio del sector irá a la comisión de Urbanismo de la próxima semana «y lo que propondremos es el cambio de una gestión directa a una indirecta del PAI del Grao».
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Así pues, si con la socialista Sandra Gómez al frente de Urbanismo, se apostaba por la gestión directa y realizar un encargo de la gestión a la empresa municipal Aumsa, ahora el gobierno de Catalá aboga por la gestión indirecta. «Los propietarios del suelo, constituidos en agrupación, tendrán que presentar el proyecto de urbanización, hacer el proyecto de reparcelación el de obras y luego, ya podrán iniciar las obras del sector».
Eso sí, el concejal de Urbanismo, ha asegurado que no se cambiará nada del proyecto, «seguirá con la clasificación vigente. Estructuralmente la edificabilidad, las viviendas y el suelo dotacional será el mismo».
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Según ha indicado Giner, con el cambio de gestión del modelo directo al indirecto del PAI del Grao, primero se va a desatascar el proyecto y, además, se van a acortar los plazos y se ganará en agilidad«.
A la pregunta de si podía concretar de qué reducción de tiempo se hablaba al pasar el modelo de gestión desde Aumsa al que pretenden dejar en mano de los propietarios del suelo, el edil asegura que se acortarán los plazos «al menos dos años de tramitación».
A la pregunta de si seguirán adelante con el diseño y las contrataciones con el arquitecto valenciano José María Tomás, la respuesta del edil ha sido que es «probable que los promotores, la asociación de interés urbanístico, se subrogue con los contratos para que no se pierda el trabajo hecho. Fue un diseño del arquitecto Nouvel y José María Tomás y será importante que se subroguen».
En cuanto a si se iban a hacer cambios o a reducir servicios o dotaciones, ha insistido en que no. «Se mantienen las más de 2.500 viviendas, de las cuales 500 serán públicas».
Ha indicado que se trata de transformar «380.000 metros cuadrados de suelo industrial en suelo urbano vanguardista y permitirá abrir Valencia hacia el mar». Giner ha detallado que el «85% del suelo es para equipamientos, espacios libres y jardines ».
El concejal de Urbanismo también ha garantizado el proyecto de crear el delta verde hasta el mar. «Habrá 160.000 metros cuadrados par el delta verde, que es el equivalente a más de 16 campos de fútbol y supondrá el 45% del suelo del PAI del Grao».
También ha explicado que se contemplan 200.000 metros cuadrados para el parque de desembocadura «y sólo se ocupará el 15% del suelo para viviendas».
También ha argumentado que el gobierno de Catalá sigue adelante con la iniciativa de «prolongar la Alameda y la avenida de Francia para conectar el puerto y el mar con la ciudad».
Según Giner, en la prolongación de la Alameda, «combinaremos el tráfico rodado, el tráficos de bicis y el paso de viandantes y también la zona verde porque la planta vial lo permite».
Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, ha asegurado que el Partido Popular y María José Catalá «están perdidos, y como no saben hacia dónde ir sólo saben volver al pasado. Un pasado, en el caso del PAI del Grao y el circuito de Fórmula 1, oscuro y corrupto».
Gómez afirma que el Partido Popular «va a mantener el planeamiento aprobado hace 14 años en el PAI del Grao, renunciando a la modificación de planeamiento iniciada por el anterior gobierno progresista para adaptarlo a la desaparición del circuito de F1, a la Agenda 2030, a la perspectiva de género y a la necesidad de vivienda y suelo terciario que tiene la ciudad».
Por eso, opina que la «incapacidad de gestión de Català hizo que en julio de 2023, fecha tope para aprobarla, dejara sin aprobar la evaluación ambiental de un cambio de planeamiento que incluía un gran Delta Verde que lo conectaba con el Jardín del Turia, más de 700 vivienda públicas adicionales de alquiler asequible, y un aumento del suelo terciario para que empresas se puedan instalar junto a la Marina. Hoy, en lugar de retomar de nuevo la modificación, decide retroceder 14 años volviendo al planeamiento de 2010».
Gómez también se ha pronunciado sobre el hecho de que la gestión del PAI pase a manos privadas, en lugar de estar Gestionado por el propio Ayuntamiento a través de Aumsa. «Como no saben gestionar, se quitan de encima el PAI para que lo gestionen inversores que han comprado los terrenos. Catalá está regalando la ciudad a promotores y fondos para que hagan negocio, en lugar de que el Ayuntamiento vele por el interés general de las personas» afirma Gómez.
Además, concluye que si «hubieran aprobado cuando tocaba la evaluación ambiental del cambio de planeamiento, hoy estaría ya aprobado definitivamente y tendríamos un PAI que responde a las necesidades reales de la ciudad y de la ciudadanía, y no un planeamiento obsoleto, con un circuito fantasma recuerdo de tiempos oscuros en la ciudad, y con un diseño que se preocupa más de construir canales navegables para la gente que tenga barco que de dar soluciones de vivienda pública, comercio de proximidad o puestos de trabajo de calidad».
Por su lado, desde Compromís, la portavoz Papi Robles, denuncia que en su opinión, Catalá «se carga el delta verde del barrio del Grau. De toda una zona verde y de disfrute ciudadano que daba continuidad al jardín del Turia y al futuro parque de desembocadura se pasa a una zona por donde ahora también habrá tráfico de coches, destrozando esta idea de una zona de paseo completamente verde y fuertemente resiliente al cambio climático».
Robles añade que la «obsesión de Catalá y de su gobierno con el coche llega a un punto enfermizo y va en contra del modelo de ciudad verde europea del s. XXI. Además, se privatiza el desarrollo del PAI, pasando de una gestión pública del mismo, para que el Ayuntamiento tenga el control, a que sean privados los que lo desarrollen para que sean estos quienes obtengan el beneficio en lugar de las arcas públicas. De nuevo, volvemos a los pelotazos urbanísticos a los que nos tiene acostumbrados el PP».
El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado hacer la cuarta modificación de crédito del presupuesto por un importe de 4.863.232 euros. Según la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, «se ha aprobado esa modificación y se ha sacado de los excesos de financiación de préstamos, de sobrantes de operaciones de crédito que hemos podido acortar pagos, del reajuste de anualidades y de las altas y bajas de créditos».
Ferrer San Segundo también ha explicado que la aprobación de inversiones por valor de 37 millones de euros que no se pudo hacer en el pleno de marzo, por la salida de cuatro concejales de Vox del pleno, se llevará de nuevo al pleno de abril. Se trataba de unas modificaciones de crédito que, entre otras cosas, iban destinadas a conceder ayudas a las personas afectadas por el incendio de Campanar.
La edil también ha explicado que se han logrado sumar a las arcas municipales 7 millones de euros con las inspecciones realizadas y que van a mantener este «plan de inspecciones de cara al año que viene, con especial atención a las del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que son impuestos de más envergadura y pueden aportar más recursos al Ayuntamiento, y otros como el ICIO, de impuestos a la construcción.
En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno también se ha hablado de otro sector donde también irán viviendas, en concreto, en el barrio de Benimaclet. «El jueves me reuní con el director general del área de evaluación ambiental de la Conselleria y están ultimando los informes. Igual en mayo se emite el informe de evaluación ambiental».
También ha explicado el concejal de Urbanismo que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) para adquirir ocho viviendas en la pedanía de La Torre. En este caso, el Consistorio hará una modificación presupuestaria de 1.750.000 euros para adquirirlas «con el fin de ofrecer vivienda pública a los valencianos a precio asequible de alquiler».
Según Giner, «una de las prioridades del gobierno es abordar el tema de la vivienda, los precios y que los valencianos puedan conseguir viviendas de compra o alquiler porque el gobierno anterior sólo construyó 14 viviendas públicas y ahora, en ocho meses, el actual gobierno va a poner a disposición de los valencianos 140 con una inversión de 22 millones, 131 de ellas las del barrio de Zafranar», donde se realojaron temporalmente a los afectados por el incendio de Campanar.
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