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El concejal de Hacienda de Valencia, Borja Sanjuán. IRENE MARSILLA

El Ayuntamiento de Valencia paraliza el 'catastrazo' ante el cambio de criterio de Hacienda

Sanjuán argumenta que el ministerio trabajo en una modificación de los valores, por lo que se ha decidido esperar al resultado

Paco Moreno

Valencia

Jueves, 17 de febrero 2022, 11:57

El concejal de Hacienda de Valencia, Borja Sanjuán, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento no pedirá a la Dirección General del Catastro una ... modificación de los valores catastrales que rigen en Valencia desde finales de los años 90, en concreto desde 1997. De esta manera se aleja la posibilidad de un 'catastrazo' ante una previsible subida del valor de los inmuebles, lo que al final supone un aumento del recibo.

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«Valencia tiene una ponencia catastral de los años 90 y eso hace entre otras cosas que el Impuesto de Bienes Inmuebles sea de los más bajos. Ahora estamos en un escenario que va más allá de la pandemia y se estudia por parte del Ministerio de Hacienda la modificación del valor para los tributos, se estudia que un valor de referencia que acabará sustituyendo al valor catastral», señaló a preguntas de LAS PROVINCIAS.

En opinión de Sanjuán, este valor de referencia acercará los valores catastrales a «los reales, por ese motivo lo más prudente es esperar. Además, la revisión es un proceso muy complejo que dura años, por lo que antes estarán los nuevos criterios». El gobierno municipal anunció antes de la pandemia que pondría en marcha este proceso, pero la llegada del Covid-19 truncó esta intención, que ahora queda paralizada por completo.

El delegado compareció para informar de la matricula del Impuesto de Bienes Inmuebles, que registra alguna modificación sobre el pasado año en cuanto a las bonificaciones. En cifras totales, saldrán al cobro un total de 686.058 recibos urbanos y uno especial que es el correspondiente al Puerto, que se divide en 122 unidades.

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Así, la recaudación prevista se sitúa en 238.622.000 euros, que se dividen en 7,3 millones de especial y 231 millones de recibos urbanos. El incremento respecto a 2021 será de un millón de euros.

La previsión es incorporar a lo largo del ejercicio 2.228 recibos por la regularización de parcelas o la puesta en servicio de nuevas viviendas y bajos comerciales, con lo que el monto total, explicó Sanjuán, será de 239,4 millones de euros. «El tipo de gravamen lleva congelado desde 2019 y el de usos desde 2020», defendió ante las seguras críticas de los grupos de la oposición por el rechazo del gobierno municipal a bajar los impuestos. «El tipo es del 0,723, un 18,4% inferior al de 2015. En Valencia se paga un 34% menos que en Madrid y también menos que en Barcelona», alegó.

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La ordenanza fiscal mantiene las bonificaciones y se incluyen algunas adicionales como por la colocación de placas solares y aquellas que afectan a actividades de especial interés, como los recibos de los comercios declarados como emblemáticos. Junto con teatros y locales de artes escénicas, el edil señaló que habrá «más de 3.800 beneficiarios de estas bonificaciones».

Como reto para este ejercicio, argumentó la puesta en marcha del convenio con la Dirección General del Catastro para compartir información sobre licencias y actuaciones urbanísticas. «La matrícula debe adecuarse a la realidad. Antes nunca se comprobaba la veracidad de lo que se declaraba», aseguró.

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El convenio permitirá incluir información por parte del Catastro que el Ayuntamiento tiene para que las modificaciones «sean mucho más ágiles en la matrícula, que esos cambios se inscriban con más celeridad, que el trabajo del servicio del IBI sea más efectivo», alegó.

Otro de los asuntos de los que habló fue el de los inmuebles exentos de pago, el famoso IBI que se reclama a la Iglesia desde hace años pero que nunca se hace efectivo por parte del Ayuntamiento. Sanjuán comentó que en total suponen 12 millones menos para el Consistorio, aunque la parte que se reclama se reduce hasta los cuatro millones anuales.

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Esto último se refiere a los inmuebles que albergan una actividad económica. «Es una estimación porque habrá que ajustar, pero en otros casos no hay ninguna duda como el de un convento que tenga bajos comerciales», citó. En su opinión, esa exención «contradice la norma comunitaria, hemos consultado con la Dirección General de Tributos si podemos hacerlo directamente, que es lo que queremos, y entonces al siguiente ejercicio empezaremos a cobrar esos recibos del IBI».

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