El Ayuntamiento de Valencia, obligado a readmitir al director del Museo Fallero

Cabe recordar que Hernández fue despedido hace sólo unos meses por lo que el gobierno de la alcaldesa María José Catalá calificó como una reorganización interna que preveía la supresión de su puesto. También hizo lo propio con otro funcionario, Josep Lluis Marín. Y no hay que olvidar que ambos, que ya erandesde hace años funcionarios de carrera, obtuvieron el puesto en el área de la concejalía denominada entonces como Cultura Festiva, durante el gobierno de Joan Ribó, estando como concejal Pere Fuset.

En el caso de Gil Manuel Hernández, era director de los museos festivos, tanto el Museo Fallero, como el de la Semana Santa Marinera de Valencia y el del Corpus de Valencia, desde el año 2015, primero año de gobierno de Ribó.

Hernández, con cargo de funcionario de carrera aprobado por la mesa de negociación en 2019, tras ser despedido llevó el tema a los tribunales y presentó dos medidas cautelares.

La medida cautelar solicitada, que es la que ha admitido el juez, es que suspender la supresión de la plaza de director del Museo Fallero hasta que se celebre el juicio, lo que conlleva ser readmitido.

En el auto, la titular del juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Valencia afirma que debe prevaler el perjuicio irreparable para el recurrente frente a los intereses municipales.

Ademá, concluye que debe permanecer en la administración de destino, en el Ayuntamiento de Valencia, en un puesto de trabajo de similar escala al extinguido.

Ahora el Consistorio tiene 15 días para recurrir la dedición judicial de aceptar la medida cautelar aunque la reincorporación del despedido debe ser inmediata.

Mientras desde el Ayuntamiento de Valencia se limitan a decir que «se va estudiar la posibilidad de recurso».

No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Valencia decidió prescindir en septiembre de Hernández como director de los museos de la fiesta y de Josep Lluis Marín, este último jefe de sección de Patrimonio Festivo. Se prescindieron de los dos cargos y se generó uno nuevo, concretamente el de jefe de sección de Cultura y Patrimonio Festivo.

El Ayuntamiento procedió a cesarlos tras modificar la reorganización del servicio de Fiestas y Tradiciones. Entonces, desde el Consistorio se explicó que ambas jefaturas de sección habían cambiado de funciones y que requerían perfiles profesionales diferentes. Se cesó a ambos y, por tanto, se argumentó que tenían que volver a sus administraciones de origen, la Universitat de València en el caso de Gil-Manuel Hernández , y a la Generalitat, en el caso de Josep Lluis Marín, si bien en el primer caso la excedencia en la UV se mantiene durante cinco años y expiró en 2022, por lo tanto, según explica el propio Hernández, no podría regresar a este puesto, algo que sí ha podido hacer Marín.

Tanto Marín como Hernández alegaron en su momento que gozan de la condición de funcionarios y que no pueden ser despedidos, salvo por motivos disciplinarios, caso que no se da.

Sin embargo, desde el Consistorio detallaron en su momento que los servicios jurídicos municipales determinaron que estos trabajadores tenían que volver a sus administraciones de origen porque no eran funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. Mientras, los afectados respondieron que obtuvieron sus plazas en el Consistorio en una convocatoria pública y legal de 2017 y que incluso la Agencia Antifraude, tras una investigación por una denuncia anónima, les dio la razón.

La medida ha sido hecha pública por el grupo municipal Compromís, que, en un comunicado informan de la decisión y aseguran que fue un «despido ideológico».

 

«Estamos ante la primera vez en la historia democrática del Ayuntamiento de Valencia que se expulsa a trabajadores por motivos ideológicos, lo que supone una purga sin precedentes, ya que ni Rita Barberá se atrevió a llegar tan lejos como lo han hecho Catalá y la concejala Climent», indican desde Compromís.

También explican que «esta injustificada expulsión de funcionarios con plaza se produjo después de que el propio concejal de Fallas, Santiago Ballester, amenazara en una entrevista publicada en la prensa con dejar fuera de la administración a estos trabajadores, alegando posibles discrepancias ideológicas».

La aceptación de la medida cautelar reconoce que, en caso de no atenderse, podría causar un perjuicio irreparable para el funcionario municipal y, por ello, obliga al Ayuntamiento de Valencia a dejar sin efecto la supresión de su puesto de trabajo y, por tanto, a su restitución en el mismo.

El concejal Ferran Puchades afirma que los «dos funcionarios de Cultura Festiva han demostrado fehacientemente su profesionalidad y alto grado de reconocimiento en todo el sector cultural y del mundo de la fiesta fallera y demás celebraciones festivas de la ciudad, actuando siempre con absoluta neutralidad y compromiso con los intereses generales de Valencia. Esto fue reconocido por el propio señor Ballester, quien al principio del mandato, afirmó que continuarían en sus puestos si cumplían con sus obligaciones. Efectivamente, así lo han hecho, ya que, de no ser así, habría tenido que incoarles un expediente disciplinario».

Puchades concluye que Catalá «está a tiempo de corregir su actitud sectaria y antidemocrática, y puede anular la injustificada purga para restituir a los trabajadores en sus plazas. Desde Compromís le instamos a hacerlo sin demora para ahorrarse nuevos varapalos en los tribunales».