El banco vuelve a apuntar a la EMT para evitar su imputación por el fraude

Las derivadas del robo que sufrió la EMT en septiembre de 2019 parecen lejos de terminar. CaixaBank envió al juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que investiga el fraude, un escrito en el que el banco se opone a la petición de imputación que hizo la EMT. Está fechado el 21 de octubre. En él, el banco insiste en que la exdirectora de Gestión, María Rayón, «necesariamente» vio los movimientos en las cuentas bancarias, incluidas las transferencias a China que estaba realizando la exdirectora de Administración, Celia Zafra, a espaldas de sus superiores.

Conviene, para entender bien el caso, viajar a octubre de 2019. Pocos días después del fraude, el Consistorio convoca un pleno extraordinario monográfico sobre el robo. Es en ese pleno cuando el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, toma la palabra y deja helados a los concejales: Rayón, pese a estar de baja, mantenía algunas funciones como la firma de pagos y otras «cuestiones consideradas estratégicas». La revelación del presidente de la EMT motivó una reunión de urgencia en su escaño con el vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, y el entonces portavoz municipal de Compromís, Pere Fuset, para controlar el daño que podía provocar esa revelación.

Posteriormente, la defensa siempre fue que Rayón no veía los movimientos de cuenta cuando accedía a la banca electrónica. Según CaixaBank, esos accesos se hicieron todos los días del 1 al 8 de septiembre y luego en las jornadas 12, 13, 16, 17, 18 y 23 del mismo mes, aunque del 1 al 8 CaixaBank abre la puerta a que las entradas se hicieran desde otro dispositivo, dado que los accesos son «desde un ordenador con sistema operativo GNU/Linux y un navegador Mozilla Firefox» mientras que el resto de fechas se entra con un ordenador «en horario de oficina desde un ordenador con sistema operativo Windows y un navegador Google Crome». CaixaBank apunta también que las credenciales de acceso de Rayón son personales suyas, «sin que hasta el momento se haya denunciado su pérdida». El banco desliza así la posibilidad de que alguien accediera con el usuario y la contraseña de Rayón, algo que ya dejó caer la comisión de investigación, aunque no se depuraron responsabilidades en este aspecto.

Aunque el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia rechazó citar al banco como investigado, sí pidió varias pruebas. Contra esta petición presentó el banco un recurso de reforma el pasado martes contra la petición del juez de que facilite «la formación sobre prevención de blanqueo de capitales que han recibido los empleados que han intervenido en la presente causa» y que aporte «los manuales internos de prevención de blanqueo de capitales que disponen los empleados». La entidad dice que, si no hay indicios de delito de blanqueo de capitales, no hay por qué pedir estas pruebas. También se opone a la petición del protocolo interno contra el blanqueo de capitales, porque dice que esta prueba ya se practicó el pasado mes de diciembre de 2019. La representación judicial del banco no entiende, así las cosas, que el juez pida pruebas ya practicadas, tal como indica el recurso ya mencionado.