El bufete del cuñado de Ribó aparecía en el acuerdo del secretario de la EMT de Valencia de 2015

Uno de los secretos mejor guardados salió este lunes a la luz. Se trata de la oferta de precios que el secretario del consejo de administración, el abogado Salvador Martínez Tarín, envió a la EMT en 2015 como paso previo a la formalización de su contrato. Y la sorpresa es que en el membrete del documento, de tres páginas, aparece Abastos Abogados, la firma jurídica que dirige el cuñado del alcalde, Daniel Pérez Fernández. Aunque en todo momento en el contrato se hace referencia a SMT Asesores, lo cierto es que la página web de contacto es abastosabogados.com y que el teléfono que aparece en el membrete que acompaña todas las páginas corresponde al despacho de Pérez Fernández, tal como pudo comprobar LAS PROVINCIAS este lunes por la tarde a las 19 horas. Media hora más tarde, por cierto, saltaba el contestador automático de SMT Asesores. Un dato que puede parecer baladí pero que evidencia la estrecha relación entre ambas empresas y, por tanto, entre Martínez Tarín y Pérez Fernández.

Otro detalle del documento, que tiene un formato muy distinto al contrato firmado este año, desvela que el letrado sabía que iba a cobrar mediante giro bancario o cheque. En concreto, el documento legal estipula que el abogado cobraría «a mes vencido, entre los días 5 y 15, mediante recibo domiciliado en cuenta bancaria del cliente». Cabe recordar que no fue hasta 2017 cuando la EMT cambió el protocolo de pagos para que únicamente se pudiera cobrar por transferencia bancaria. Pese a ello, Martínez Tarín facturó a través de la fórmula del giro bancario en decenas de ocasiones entre 2018 y 2019.

La oferta de precios, a la que tuvo acceso este diario, es menos detallada que el contrato firmado en 2019 pero sí deja en negro sobre blanco el coste de los servicios del letrado: 600 euros por cada reunión del consejo de administración, 350 euros por cada encargo a notaría, 300 euros por cada contrato o documento redactado por Martínez Tarín sin especial estudio previo, entre 600 y 1.200 euros por cada texto que sí requiera previsión de cláusulas especiales, 150 euros por cada informe verbal sobre contratos redactados por terceros, 250 euros cuando sea por escrito, entre 350 y 550 euros cuando el documento requiera «especiales consideraciones jurídicas», y la misma tarifa para la emisión de dictámenes escritos a petición del consejo o del presidente del mismo, Giuseppe Grezzi. En estos dos últimos casos, la carga de trabajo afectaría al precio. Martínez Tarín también acordó cobrar 90 euros por cada hora de reunión por cuenta de la sociedad pública.

El documento de 2019, por su parte, cuenta con una cláusula de confidencialidad atípica en contratos con la administración y tremendamente restrictiva que, por otra parte, no aparece en otros contratos de alta dirección que se llevaron al consejo de administración del pasado mes de octubre. «Cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la simple existencia del presente contrato o a su contenido deberá ser previamente aprobada por escrito suscrito por ambas partes», indica en la cláusula sexta del documento bajo el epígrafe de «Confidencialidad». Pero es que la interpretación que se hace del derecho de información respecto a un acuerdo suscrito entre una empresa pública y un abogado es tan restrictiva que se extiende hasta dos años después de la resolución del contrato, por lo que si no fuera por el fraude, no se habría publicado hasta 2025.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, insistió este lunes por su parte en que Abastos Abogados no cobrará ni ha cobrado de la EMT, pese a que el contrato del letrado Salvador Martínez Tarín señala a esa firma como receptora de las facturas y aparece en el contrato de 2015. «Me reafirmo en lo que dije la semana pasada» en el pleno, indicó el primer edil, mientras que la vicealcaldesa, Sandra Gómez, pidió tiempo para recabar información al respecto y pidió que se dejara trabajar a la comisión de investigación del fraude, aunque la situación de Martínez Tarín nada tiene que ver con la estafa de que ha sido víctima la empresa.

Esta posición podría cambiar a tenor del documento de 2015 entregado este lunes a la oposición como parte de un nuevo paquete de documentación. Horas antes, el PP había denunciado que el Consistorio retenía un informe jurídico sobre el acuerdo entre el letrado y la empresa de este año. Además, la portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, lamentó que la gestión de la EMT es «nefasta» y la calificó de «bochornosa tras el robo desde el punto de vista jurídico, y lo que es peor se está asentando sobre mentiras y engaños que merma la credibilidad del alcalde y la corporación». Catalá preguntó al alcalde por qué retenía el informe sobre el letrado.

Pues bien, dicho y hecho. O denunciado y hecho. Horas más tarde, EFE tenía acceso a este documento solicitado por los concejales del PP, Ciudadanos y Vox sobre el contrato del secretario asesor del consejo de administración de la EMT y LAS PROVINCIAS, al acuerdo entre Martínez Tarín y la empresa de 2015. El informe concluye que se trata de un cargo de confianza, externo a la empresa y que no requiere procedimiento de concurrencia pública. El documento responde a sendas peticiones «análogas» de los partidos de la oposición que cuestionaban la legalidad del contrato de prestación de servicios profesionales de Salvador Martínez Tarín para desempeñar el puesto de secretario asesor del consejo de administración de la EMT.

Según el informe, la contratación de Martínez Tarín en 2015 se realizó de la misma forma en la que se ha realizado la de sus predecesores desde 1991 y se acordó sin ningún voto en contra. El texto apunta que la única referencia en los estatutos de la EMT se encuentra en el artículo 16, que señala que «el consejo de administración nombrará a la persona que haya de desempeñar el cargo de secretario asesor, para el que no se precisa la condición de consejero y que ostenta voz pero no voto en las deliberaciones».