El Cabanyal, sin luz al final del túnel

«Limpian dos veces al día, pero como si nada». El compromiso del gobierno municipal de rescatar este mandato el barrio del Cabanyal se ha quedado en una promesa vana, donde la contestación vecinal es cada vez más sonora pese a que se trata de entidades partidarias en su mayor parte de la derogación del plan urbanístico anterior.

Pero una cosa es el planeamiento urbanístico y otra muy distinta los graves problemas de convivencia derivados de las ocupaciones ilegales de viviendas, el nulo éxito de la integración de estas familias y el repunte del tráfico de drogas en zonas como la calle Pescadores, uno de los epicentros de los escándalos nocturnos.

«La gente tiene miedo a denunciar y entonces parece que no pasa nada». Pilar Remedios es un nombre supuesto, dado que el temor empieza a extenderse en esta parte del Marítimo. «Una vecina les recriminó los escándalos nocturnos y le metieron una manguera por la ventana. Acabó con todo inundado», aseguró.

El barrio del Cabanyal es uno de los estandartes del gobierno municipal tripartito. Tras varias elecciones municipales donde el Partido Popular ganaba por mayoría, en 2015 cambió la situación por completo al igual que sucedió en el resto de Valencia.

Empezó entonces una lluvia de planes europeos, estatales y autonómicos de obras públicas y subvenciones para la reforma de viviendas. No ha sido suficiente, entre otros motivos porque muchos no se han puesto en marcha. El Plan Edusi, por ejemplo, tiene cuatro encargos en marcha de medio centenar aprobados.

Poco a poco se reurbanizan las calles principales del Cabanyal y el Canyamelar, pero eso no ataja los problemas de convivencia que hay en las zonas más degradadas. Remedios habla incluso de una mafia que se dedica a repartir los alquileres de casas ocupadas ilegalmente. «Digo mafia porque es una cosa organizada y que afecta al menos a una docena de inmuebles». La calle Pescadores vuelve a sonar como la más conflictiva.

El refuerzo de la limpieza diaria es un hecho constatado, pero a las pocas horas vuelve a producirse el vertido de residuos, abandono de carritos de supermercado y sillas y mesas donde se celebran sobremesas con música y griterío hasta altas horas de la madrugada. En invierno, hogueras.

De ahí los continuos toques de atención de plataformas como Salvem el Cabanyal, la asociación de vecinos del Cabanyal y hasta el colectivo de Bloque Portuarios, que este verano han lanzado comunicados y quejas en redes sociales prácticamente todas las semanas. El mensaje era siempre el mismo: el trabajo del gobierno municipal encabezado por Ribó no es suficiente y la degradación social del barrio continúa.

Domingo Carles, presidente de la Sociedad Musical Poblados Marítimos, sabe de todo esto porque lo sufre en sus propias carnes. La sede de la entidad está en la calle Escalante, 201, una de las zonas más complicadas del barrio en cuanto a la convivencia.

La sociedad ha pasado de 140 alumnos en 2010 a barajar para el próximo curso una cifra de 60 a 65 educandos. Las clases son de cinco de la tarde a nueve de la noche y una visita a la calle explica la razón del descenso. «Llama gente interesada en apuntarse, pero cuando vienen se echan para atrás al ver todo esto», aduce.

Para frenar esa sangría, este curso han abierto un aula de infantil sin coste de matrícula y con cuotas mensuales que tienen un rebaja del 50%. Todo lo que haga falta para mantener la entidad abierta en 1986, donde el medio centenar de músicos de la banda destina los ingresos por su actividad a mantener el local.

La falta de convivencia vuelve a ser la respuesta a la pregunta de problema que considera principal. «A veces son gamberradas, como que se dedican a pegar patadas en la puerta cuando estamos ensayando y nos molestan». Otras veces son situaciones más graves, como daños a vehículos aparcados prácticamente en la puerta del local de la entidad.

Paco Dolç, presidente del mercado municipal del Cabanyal, comenta que estos problemas no llegan a las puertas del recinto de la avenida Mediterráneo, aunque «si perjudican a nuestros clientes, también a nosotros». Con 145 puestos, tiene la vitola de acoger la única inversión adjudicada del Plan Edusi, la reforma de cuatro motores de la climatización por una inversión en el concurso de 150.000 euros. La adjudicación definitiva se produjo el 15 de junio, aunque de momento no han empezado las obras.

Dolç señala que todas las peticiones que han hecho este año al Ayuntamiento han recibido respuesta afirmativa, aunque entiende el perjuicio que sufren los residentes. «Este agosto han ido muy mal las ventas», señala, para asegurar que los últimos tres años «no se ha notado un aumento».

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, señala en cuanto a la Policía Local que «este verano ha habido patrullas todos los días, pese a la reducción de personal por las vacaciones. Se hace mucho trabajo, incluso cuando los agentes obligan a recoger los muebles y barrer», dice sobre los grupos que toman las calles.

Para Jesús Santos, secretario en el Ayuntamiento del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, la solución pasa por montar operativos policiales similares a lo que se hizo en su día en Campanar y Ciutat Vella. «Patrullas permanentes, plantones que se dediquen a molestar, a impedir el tráfico de drogas y las conductas incívicas que denuncian los vecinos hasta que se marchen», opinó.

Estos tres años, uno de los aspectos más visibles de los proyectos municipales ha sido la reurbanización de calles. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, recuerda que tienen tres plazas en cartera, conflictivas en todos los casos. En la plaza Lorenzo de la Flor se sitúa el retén provisional de la Policía Local, una petición de los vecinos para que los recursos policiales estuvieran en la zona cero. Ha tenido un resultado casi nulo, según la denuncia de los grupos de la oposición.

Las próximas intervenciones serán en travesías y calles paralelas al mar, incluida la zona por donde debía pasar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, sin duda la más degradada del barrio y donde se sostienen edificios en ruinas donde la única solución es el derribo. «Se lo dijimos hace años a la concejala de Gestión del Patrimonio, María Oliver, porque son fincas municipales, pero seguimos igual, sin ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento», comenta una de las vecinas de la zona.