Las 43 cámaras de la Lonja y otros seis edificios BIC empiezan a funcionar tres años después

Cabe recordar que estas cámaras se vienen tramitando desde 2018 y se decidieron poner para evitar la proliferación de actos vandálicos en los edificios, ya que sufrían rotura de cristales y pintadas.

Estas cámaras son de alta definición, con reducción dinámica inteligente de ruido, posibilitan la grabación en horario nocturno y permiten la grabación continuada durante 30 días (período a partir del que se sobrescribirán los datos de forma automática). El visionado de las imágenes se podrá hacer tanto del centro de control de la Policía Local como desde los mismos edificios protegidos.

Para llevar adelante el proyecto, ha sido necesario la substitución y renovación del software de la Policía local y la ampliación de su servidor, un elemento imprescindible para poder conectar las nuevas cámaras y aumentar la capacidad de grabación.

El objetivo del Consistorio es vigilar los edificios ante posibles actos vandálicos, puesto que el nuevo sistema permite identificar a las personas implicadas en las incidencias y también servirá como método disuasorio.

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Gloria Tello, ha afirmado que «desde el gobierno municipal estamos realizando un trabajo continuo para proteger y cuidar nuestro patrimonio. Estas cámaras serán un elemento fundamental para evitar acciones vandálicas en los edificios más simbólicos de la ciudad». El coste del proyecto es de 406.994,93 euros, IVA incluido.

La polémica se encuentra en que los carteles que advierten de que en la zona se está grabando se han pegado directamente en las fachadas de los edificios protegidos, algo que está prohibido por la ley de Patrimonio. Como denuncia César Guardeño, portavoz del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, «la ley de Patrimonio, en el artículo 38.e) dice bien claro que 'queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en jardines históricos, fachadas y cubiertas de los monumentos, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación', pero en cambio el Ayuntamiento lo ha permitido y no lo ha retirado«.

Preguntados por este tema, en el Ayuntamiento de Valencia afirman que «si incumple normativa, se cambiará».

Por su parte, la concejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Amparo Picó, ha pedido al Consistorio retirar los carteles pegados en la fachada de edificios protegidos. Picó ha explicado que «la delegación de Cultura y Patrimonio Histórico ha incumplido la Ley de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana por colocar estos carteles informativos».

Picó añade que «no se pueden colocar carteles en los monumentos ahora bien si la delegación de Patrimonio Histórico ha tenido una excepción por parte de la Generalitat estaría bien conocerlo, porque así la propia administración se salta sus propias normas». Por eso afirma que «queremos que nos den explicaciones y, por supuesto, si existe el visto bueno de la Generalitat, el documento que lo acredite y la excepción».