Capitanía Marítima sigue sin dar con el buque que causó el vertido del Saler un mes después

El organismo dependiente del Ministerio de Transportes es el encargado de llevar el peso de la investigación de la que, por el momento, poco o nada se conoce, pese a haber transcurrido ya un mes. Según confirmó la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, los resultados de los primeros análisis de la sustancia contaminante apuntaron hacia la autoría de un navío puesto que los materiales de su composición eran aceite mezclado con hidrocarburos. Sin embargo, la propia Bernabé comunicó que se harían más pruebas dado que la primera exploración «no era del todo concluyente». No obstante, Capitanía Marítima todavía sigue a la espera de obtener más datos de las pruebas del vertido.

Cabe recordar que tan sólo 24 horas después de la llegada del chapapote a los arenales del sur de Valencia, la Capitanía Marítima de Valencia solicitó la colaboración de la Autoridad Portuaria para revisar las embarcaciones que navegaron por aguas de la costa sur de la ciudad y que permanecían amarradas en el puerto. De hecho, la delegada del Gobierno en la Comunitat declaró esa misma jornada que ya se habían descartado algunos navíos sospechosos de haber sido los causantes de incidente.

El responsable de los 35 metros cúbicos de residuos recogidos por los operarios encargados de la limpieza en las costa de los tres arenales afectados podría hacerse cargo de una multa de hasta tres millones de euros, según el Real Decreto Legislativo 2/2011. Si las autoridades determinan que el origen de la mancha de alquitrán puede ser calificada como una infracción «muy grave» por contaminación al medio marino, el autor de los vertidos deberá hacer frente a la citada cuantía recogida en el régimen sancionador de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Sin embargo, para que pudiera ser aplicado dicho importe sancionador, el más elevado de toda la ley, se tendría que demostrar que la sustancia proveniente del navío fue vertida de manera deliberada. No obstante, si se halla una negligencia del buque en el momento en el que se liberó el combustible, se rebajaría el grado hasta considerarse una infracción de categoría «grave». Además, en uno de los apartados específicos de la infracción «grave» se enuncia que esta normativa también será aplicable si se demuestra «la falta de comunicación inmediata a la Capitanía Marítima más próxima o a la Dirección General de la Marina Mercante».

Cabe destacar que esta circunstancia sí se dio en el caso de la mancha aparecida en las playas del sur de Valencia, puesto que fue una imagen del satélite Sentinel 1, propiedad de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés), la que dio la voz de alarma acerca de la presencia de un posible vertido situado a media milla de la orilla y no el buque que, supuestamente, la provocó. Por otro lado, de tratarse de una infracción «leve», la cuantía a pagar por el sancionado sería sustancialmente inferior, reduciéndose hasta los 60.000 euros.

Los importes de las posibles sanciones retomaron más importancia cuando la Fiscalía encargó al Seprona de la Guardia Civil la recogida muestras y para identificar al responsable en la misma jornada en la que el Ayuntamiento anunció la reapertura del arenal, el pasado viernes 19 de julio. A partir de ese momento, empezaron los primeros rifirrafes entre las administraciones con competencias para actuar en el cierre de playas.

Durante el último pleno municipal, el correspondiente al mes de julio y que cerraba el actual curso político en la Casa Gran, el Consistorio aprobó una moción alternativa sobre el vertido a la inicialmente presentada por Compromís y aprovechó la ocasión para reprochar la actuación de la Capitanía Marítima tanto por sus tiempos de intervención durante el incidente como en las pesquisas llevadas a cabo para esclarecer los hechos. En aquel entonces se cumplía una semana y todavía no se había logrado identificar al buque que causó la mancha de fuel.

El texto aprobado por el equipo de gobierno municipal contenía seis puntos entre los que se encontraba la condena «enérgica» de la contaminación provocada por la sustancia y se instaba tanto a la Capitanía Marítima como a la Autoridad Portuaria a investigar «con la máxima celeridad el origen del vertido y a identificar a sus responsables». A ello cabe sumarle que el Consistorio se personó en forma de denuncia sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía y también solicitó un refuerzo de las medidas de control y prevención en la costa valenciana «incrementando la vigilancia y la coordinación entre administraciones para proteger el parque natural y evitar así futuros episodios de contaminación».

El portavoz municipal y concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, fue quien recriminó el proceder de la Capitanía Marítima durante el suceso: «Tenemos que saber por qué no advirtió de la presencia del vertido hasta dos horas después de que se detectara y si se podía haber parado antes de que llegara a la orilla».