Carpetazo al vertido de fuel en las playas de El Saler al no encontrar Capitanía Marítima el buque culpable

Uno de los culebrones que marcó el inicio de las vacaciones de muchos valencianos que solían veranear en los arenales del sur de la ciudad llega a su fin sin que se hayan esclarecido los hechos y, por tanto, sin haber depurado las responsabilidades pertinentes que, de acuerdo con el régimen sancionador de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la legalidad marítima vigente en la materia, podrían dejar sanciones de hasta los tres millones de euros hacia la embarcación culpable en caso de considerarse una infracción «muy grave».

Y es que, en caso de haber dado con el responsable y haber sido juzgado, se tendría que haber aplicado dicho importe a modo de multa, el más elevado de toda la norma, si se hubiese logrado demostrar que la sustancia proveniente del navío fue vertida al mar de manera deliberada. Aunque, si se hubiese hallado una negligencia del buque en el momento en el que se liberó el combustible se rebajaría el grado hasta considerarse una infracción de categoría «grave».

Eso sí, con la ley en la mano, la infracción producida en la costa de los arenales de la Albufera no podría categorizarse dentro de las sanciones tipificadas como de menor gravedad pues en uno de los apartados específicos del la categoría «grave» se enuncia que esta normativa también será aplicable si se demuestra «la falta de comunicación inmediata a la Capitanía Marítima más próxima o a la Dirección General de la Marina Mercante».

Cabe recordar que todo empezó cuando la mañana del pasado 16 de julio el satélite Sentinel 1, propiedad de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés), detectó la presencia de una mancha negra situada a media milla de la orilla la orilla de las playas de El Saler, la Garrofera y l'Arbre del Gos a las 8.00 horas. El hecho de que la alarma saltara gracias a una imagen tomada desde el espacio fue uno de los aspectos más sonados en los primeros compases de la emergencia. Sin embargo, cabe destacar que los arenales no se cerraron al baño hasta casi tres horas más tarde, a las 10.45.

Tras la alarma inicial, la cascada de reacciones por parte de todas la administraciones implicadas hizo que se pudiera cifrar en 35 metros cúbicos la cantidad de chapapote que ensució casi tres kilómetros de playas protegidas, al encontrarse dentro del parque natural de la Albufera. Una vez dimensionado el problema, operarios del Grupo Tragsa trabajaron a destajo para retirar la suciedad para que tres días después, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, izara la bandera verde. Mientras tanto, se elaboraron un sin fin de informes y analíticas sobre la calidad mientras la Capitanía Marítima trataba de estrechar el cerco sobre el tráfico marítimo que discurrió la zona durante la madrugada en la que tuvo lugar el suceso con la colaboración también de la Autoridad Portuaria.

La última noticia relacionada con el vertido antes de saltar a la luz el archivo de la causa se conoció a mediados del mes de septiembre. En aquel entonces, la Fiscalía todavía veía factible llevar ante los tribunales al responsable e instó a Capitanía a elaborar un informe con el resultado de las pesquisas realizadas dos meses después del suceso.

En aquel entonces, fuentes de la Marina Mercante informaron a LAS PROVINCIAS que el organismo para la vigilancia de la costa basó su investigación en el visionado de las imágenes grabadas por las cámaras de la Autoridad Portuaria de Valencia y por el Club Náutico, así como por el análisis de los registros de entradas y salidas de buques para estrechar el cerco sobre los buques sospechosos.

Con la lista ya elaborada, los investigadores y técnicos estaban tratando de obtener muestras de sus sentinas para luego comparar los resultados con los procedentes del vertido. No obstante, el trabajo ha sido en balde pues medio año después la Fiscalía ha optado por cerrar el caso ante la imposibilidad de llevar el asunto al juzgado.

El equipo de gobierno local no dejó pasar la oportunidad de reprochar a Capitanía Marítima que no hubiese detectado el vertido mientras este navegaba rumbo a la arena mediante una moción alternativa a la inicialmente presentada por Compromís en el pleno del mes de julio. La corporación municipal aprovechó la ocasión para reprobar la actuación de la Capitanía Marítima tanto por sus tiempos de intervención durante el incidente como en las pesquisas llevadas a cabo para esclarecer los hechos. En aquel entonces se había cumplido apenas una semana del incidente y los interrogantes seguían sobre la autoría del vertido.

El texto aprobado por el equipo de gobierno municipal contenía seis puntos entre los que se encontraba la condena «enérgica» de la contaminación provocada por la sustancia y se instaba tanto a la Capitanía Marítima como a la Autoridad Portuaria a investigar «con la máxima celeridad el origen del vertido y a identificar a sus responsables». A ello cabe sumarle que el Consistorio se personó en forma de denuncia sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía y también solicitó un refuerzo de las medidas de control y prevención en la costa valenciana «incrementando la vigilancia y la coordinación entre administraciones para proteger el parque natural de la Albufera y evitar así futuros episodios de contaminación».

El portavoz municipal y concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, fue quien recriminó el proceder de la Capitanía Marítima durante el suceso: «Tenemos que saber por qué no advirtió de la presencia del vertido hasta dos horas después de que se detectara y si se podía haber parado antes de que llegara a la orilla».