La Policía Local de Valencia habilitará una extensión telefónica y un correo electrónico para atender okupaciones

El objetivo de estos encuentros, que se repetirán con cierta periodicidad hasta la creación definitiva, se basan en sentar las bases para que la futura a la Oficina Municipal Antiokupación, impulsada de manera urgente por el Consistorio a través de la moción aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado viernes 28 de marzo y que vendrá a cumplir uno de los compromisos electorales del Partido Popular, eche a andar de manera definitiva.

Catalá ha concretado que una de las primeras cuestiones prioritarias que se han abordado será la necesidad de elaborar un protocolo conjunto entre todos los servicios implicados. La unidad centralizada de la oficina antiokupas estará en las dependencias de la central de Policía Local en la avenida del Cid, y contará con un correo y una extensión específica de teléfono. La alcaldesa ha avanzado que la meta que se persigue con estas medidas es que «cualquier ciudadano que quiera informarse a través del 010 de una situación de ocupación irregular en su comunidad propietarios, de qué puede hacer, cómo lo podría hacer... Tenga una asistencia inmediata».

«En lo que llevamos de año, la Policía Local de Valencia ha intervenido en cerca de 180 actuaciones vinculadas con ocupación ilegal en Valencia. Durante todo el pasado año de 2024 fueron de 810 actuaciones vinculadas con la ocupación ilegal», ha explicado la primera edil. La alcaldesa ha recordado este miércoles estas «cifras importantes» para mostrar la preocupación del equipo municipal ante la ocupación ilegal y la «inquiokupación». Catalá ha vuelto a destacar la importancia «de aportar seguridad jurídica, para que cualquier propietario de las 37.600 viviendas vacías que hay en la ciudad puedan sacarlas en alquiler».

En el encuentro celebrado este miércoles celebrado han participado los concejales, así como personal técnico, de las delegaciones de Policía Local, Bomberos, Padrón Municipal, Servicios Centrales Técnicos, Servicios Sociales, Vivienda y Urbanismo. Asimismo, Catalá ha asegurado que también se incorporará a la mesa la asesoría jurídica municipal conforme avance el proceso de creación de la oficina.

El protocolo tiene como objetivo agilizar y encauzar, con la mayor seguridad jurídica posible, las acciones que correspondan a los vecinos afectados y que les permita iniciar los trámites para la celebración de juicios rápidos.

Sobre el parque de viviendas públicas de titularidad municipal, la alcaldesa ha señalado que «se ha reforzado la seguridad contratando empresas de seguridad e instalando puertas antiokupa», haciendo especial énfasis sobre los grandes tenedores de inmuebles. En esta ocasión, la primera edil sí ha hecho una referencia explícita a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para que adopten medidas para evitar la okupación de sus viviendas.

De hecho, tal y como ha venido denunciando LAS PROVINCIAS, la okupación sí representa un problema en Valencia pues en barrios como el Cabanyal, los vecinos han denunciado la presencia de okupas en hasta un centenar de pisos.