Catalá reclama al Ministerio de Vivienda que marque unas normas comunes para controlar los apartamentos turísticos en toda España

Por eso, ha pedido un marco legal nacional de apartamentos turísticos al Ministerio «que enmarque unas normas de seguridad y garantía esta actividad económica».

En este encuentro, Catalá ha trasladado la necesidad de «pedir al Ministerio de Vivienda que marque unas normas o un marco de seguridad y garantías en el tema de los apartamentos turísticos».

La máxima dirigente del Ayuntamiento de Valencia ha recordado en este foro que todas «las grandes ciudades estamos afectadas por esta cuestión y, por tanto, no puede ser tampoco que cada ciudad tome acciones distintas ante un mismo problema». Y ha añadido que el «Gobierno no puede desentenderse y mirar hacia otro lado».

Catalá ha insistido en que el ministerio debería de tomar cartas en el asunto y, por eso, ha insistido en la idea de que lo «más importante sería crear un marco común que respete , eso sí, la flexibilidad de cada municipio y las circunstancias turísticas de cada municipio, pero que el ministerio dictaminara el marco para aplicar políticas comunes en todos los territorios o por lo menos próxima en relación al problema de los apartamentos turísticos».

Cabe recordar, que pese a reclamar una postura común, desde el gobierno de Catalá nada más entrar ya empezaron a tomar cartas en el asunto para frenar el aumento descontrolado de apartamentos turísticos en Valencia. Por eso, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ya anunció en el pasado pleno municipal que han activado el cierre de 160 apartamentos turísticos en Valencia.

El edil indicó que la Policía Local de Valencia no es que esté notificando multas, sino ya 160 órdenes de cierres inmediatos.

Además, Giner recordó que el equipo de gobierno entró en el Ayuntamiento en junio «y pusimos de inmediato un plan de inspecciones« y ya se han impuesto »166 denuncias, mientras que en todo el 2023 se pusieron 84«.

La cantidad de multas impuestas en estos cuatro primeros meses de 2024 representa el doble de las sanciones totales correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 cuando se levantaron 73 y 84 actas, respectivamente.

Las denuncias registradas entre enero y abril de este año se reparten en 34 barrios de la ciudad aunque La Zaidía con 47, Ciutat Vella con 40 y Poblados Marítimos con 24 han sido los tres distritos con más viviendas turísticas ilegales sancionadas como fruto de las inspecciones del plan de control para estos pisos que incumplen la legalidad vigente. Las barriadas que han acumulado una mayor cantidad de multas a raíz de los controles policiales han sido el barrio de Morvedre con 29, el Carmen con 20, el Cabañal con 18, Benicalap con 13 y Ruzafa con 11.

Por su parte, el concejal socialista Borja Sanjuán ha anunciado la presentación de una moción para exigir al Ayuntamiento de Valencia que realice un estudio sobre el impacto que está teniendo en toda la ciudad la turistificación de los bajos comerciales. La moción se debatirá en la próxima comisión de Comercio después de que el PP "haya impedido su votación en la de Hacienda, en una nueva muestra de que Catalá no tiene ninguna intención de hacer nada para frenar uno de los principales problemas a los que se enfrentan nuestros barrios”.

“La señora Catalá se ha negado a aplicar la Ley de Vivienda porque no quiere declarar València zona tensionada, una iniciativa que permitiría controlar los precios del alquiler, se niega a aprobar la moratoria para prohibir la apertura de apartamentos turísticos que le dejamos preparada los socialistas y ahora trata de escurrir el bulto diciendo que está esperando a que el gobierno regule este fenómeno cuando es ella la que tiene competencias para actuar. Lo que está haciendo es absolutamente irresponsable porque las consecuencias de que no haga nada la van a sufrir los valencianos y valencianas”, ha manifestado Sanjuán.

En este sentido, el edil le ha animado a aprobar de una vez la moratoria para paralizar nuevos apartamentos turísticos en toda la ciudad que redactaron los socialistas desde Urbanismo y a seguir implementando “medidas para atajar la turistificación galopante que se está produciendo en todos los barrios y que está pasando factura tanto al acceso de la vivienda de nuestras familias como a los negocios tradicionales de barrio”.