La convivencia entre los chiringuitos, administración y vecinos no suele resultar pacífica. Pero lo ocurrido en El Puig, donde el empresario que regenta un local de playa ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, rebasa lo habitual en este tipo de relaciones. El escrito no se dirige contra ningún responsable en concreto, pero traslada las sospechas de «un interés del Ayuntamiento» o de alguien vinculado al Consistorio para lastrar la buena marcha del negocio.
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Desde el Ayuntamiento, en cambio, defienden su actuación. Fuentes municipales subrayan que el chiringuito se ha excedido en la autorización que se le dio en su día -diferente a otros dos negocios en la misma playa- y que no ha pagado las tasas correspondientes. Por eso, se ha iniciado el expediente para revocar la concesión. Entre los incumplimientos, citan el hecho de servir comida o tener ambientación musical.
Los propietarios rechazan esta versión. La denuncia relata todo una serie de contratiempos administrativos que se han ido sucediendo en los últimos meses y que, según deslizan los empresarios, no tienen otro objetivo que retrasar o finalmente impedir el desarrollo de la actividad. A esto se sumaría la «constante presencia policial» -desconocen el motivo de tan frecuentes inspecciones- lo que genera un evidente problema de imagen.
El chiringuito, conocido como Hossegor, cumple este año su segunda temporada en la playa de El Puig. Los problemas ya empezaron en agosto del pasado año cuando tras el pago de la tasa de licencia ambiental comenzaron reiteradas inspecciones «casi a diario» en el local, según el escrito presentado a la Guardia Civil. En todas estas visitas se les anunciaba la imposición de una sanción al carecer de toda la documentación. Unas multas que nunca se han llegado a imponer, según los afectados.
A raíz de todos estos acontecimientos, de cara a la actual temporada, los empresarios contrataronn un despacho de abogados para que supervisen todos los pasos administrativos. El despacho jurídico se reunió con un técnico del Consistorio y les aseguró que si no habían recibido ninguna sanción, todo estaba correcto y podían seguir con el negocio, siempre según la denuncia.
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En febrero de este año, sin embargo, el Consistorio les citó para una reunión y les comunió que se había abierto un expediente para un cese de la concesión por dedicar el local a usos distintos a los autorizados. Los empresarios presentaron alegaciones y posteriormente acudieron al Consistorio donde un técnico les ofreció los pliegos de otras dos concesiones que iban a salir en breve porque, según les trasladaron, tenían «órdenes de la alcaldía» de que ese negocio no se reanudara.
En este escenario de cierta incertidumbre y sin haber recibido las alegaciones del Consistorio, los empresarios comenzaron de nuevo a instalar el chiringuito para este verano. Al cabo de unos días, reciben una notificación de que se va a revisar la concesión porque falta por pagar un canon. Los socios acudieron a dependencias municipales para informarse del importe y modalidad de pago, pero no tuvieron éxito. También reclamaron un listado de las actuaciones de la Policía Local, así como las supuestas sanciones. Tampoco ha habido respuesta, según la denuncia.
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