El primer trabajo a pie de calle realizado tuvo un resultado sorprendente, por lo que la asociación de Comerciantes del Centro Histórico y el ... Ensanche decidió hacer una segunda batida en las 179 calles afectadas por el Área de Prioridad Residencial, las zonas con tráfico restringido en Ciutat Vella. La conclusión es que el cierre de locales se ha agravado y de mayo a octubre se han dado 16 casos más. Las limitaciones se activaron en 2016 y las cámaras, en diciembre de 2021.
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La entidad presentó el pasado día 8 los resultado de la segunda investigación a pie de calle en el grupo de trabajo de Ciutat Vella creado para esta cuestión. En total, se ha pasado de 211 a 206 comercios abiertos, mientras que en hostelería se ha reducido de 246 a 241 establecimientos.
En cuanto a los locales dedicados a cualquier tipo de servicio, las cifras van de 52 a 46 casos. Sólo permanece estable el apartado de las 79 plantas bajas abiertas por entidades públicas. La conclusión es que hay 179 locales cerrados, frente a los 163 detectados en el primer estudio.
Fuentes de la entidad indicaron que no se entra a valorar los motivos del cierre, ni tampoco los negocios situados en entreplantas o viviendas reconvertidas en oficinas. «El propósito de la investigación es comprobar el nivel de ocupación en los locales que dan a la calle y una de las conclusiones es que mientras los comercios se agrupan en ejes, la hostelería está dispersa».
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El Área de Prioridad Residencia cuenta con cámaras de reconocimiento de matrículas justo después de la Portal Nou, en la calle de Salvador Giner, así como en la calle Corona, la plaza del Mercat, calle del Salvador y la calle Vieja de la Paja (esquina con la plaza de la Ciudad de Brujas). Los grupos de la oposición han criticado el elevado índice de multas, dado que en los once meses en funcionamiento se han tramitado un total de 117.161 sanciones a conductores sin permiso.
El Ayuntamiento tiene una base de datos con los vehículos autorizados, en un complejo sistema que incluye clientes de hoteles, autónomos y proveedores de las tiendas. A pesar de esa circunstancia, no se ha reducido los últimos meses el nivel de multas.
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En relación con 2015, la cifra es más dramática si cabe, dado que entonces había 307 comercios abiertos (206, según el último recuento) o los 82 establecimientos dedicados a todo tipo de servicios frente a los 46 actuales. El único sector que ha crecido en la zona estudiada es el referido a la hostelería, que pasa de 222 negocios a 241.
El detalle del estudio es de tal calibre que informa incluso de que «dos empresas se han trasladado fuera de la zona APR, concretamente una gestoría y un estudio de arquitectos». De los 16 cerrados, cinco corresponden a comercios, seis a servicios diversos y cinco a hostelería.
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La calle Caballeros cuenta con el mayor número de actividades económicas (37) destacando la hostelería, a diferencia de la calle Serranos, donde hay una mayor cantidad de locales comerciales. Después de este eje, la relación sigue con Trench, Derechos, Caballeros y Alta.
Las mismas fuentes apuntaron que el propósito es valorar en el futuro los «cambios producidos en su oferta económica: comercial y de servicios, es decir, para obtener un registro actualizado y verificado de la mezcla económica en dicha área». De momento, el crecimiento de la hostelería «no viene a suplir el cierre de los comercios», lamentaron sobre las cifras.
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Un total de 3.873 comercios se beneficiarán de las ayudas de entre 200 y 500 euros que el Ayuntamiento repartirá para compensar la subida de la factura energética. El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, informó ayer de una iniciativa que repartirá 1,2 millones de euros en «tiempo récord» semanas después de abrirse el plazo de inscripción.
De ahí que calificara de «éxito» la convocatoria, en la que 190 empresas deben presentar todavía parte de la documentación. Otras 630 no recibirán las ayudas al incumplir los criterios. aunque tienen un plazo para presentar alegaciones.
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El objetivo, señaló Sanjuán, pasa por «utilizar el presupuesto público, al igual que hicimos con el Plan Resistir, para paliar las pérdidas que han sufrido empresas por causas ajenas, de las cuales no son culpables». El concejal afirmó que «no sólo queremos que no se cierren persianas, queremos que estas empresas sigan generando empleo tal y como lo están haciendo desde que superamos la pandemia».
Por el contrario, el concejal del grupo popular Santiago Ballester hizo una lectura diferente, al considerar que es «vergonzoso que el 90% de los comercios de la ciudad se queden fuera de las ayudas concedidas por el Consistorio a autónomos y microempresas para paliar el incremento del coste de las actividades económicas. Sólo 3.683 comercios de los más de 34.000 que hay en Valencia han conseguido esta ayuda, por lo que hablar de éxito dista mucho de la realidad. ¿A quién pretenden engañar?», finalizó el edil.
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La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, exigió al Consell y al alcalde Ribó que salgan al «rescate» de los más de 500 comercios que se han visto excluidos de las ayudas para la modernización de los oficios artesanos por insuficiencia de crédito disponible, es decir, porque la Generalitat no puso el presupuesto necesario y ahora se niega a ampliar el crédito. Por ello, los populares han presentado una batería de iniciativas tanto en les Corts como en el Ayuntamiento de Valencia exigiendo al Consell que amplíe el crédito.
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