El cobro de multas de tráfico en Valencia vuelve a hundirse con una morosidad del 70%

La recaudación de multas de tráfico en Valencia ha sido siempre una espina clavada en el Ayuntamiento, pero la cifra de los ocho primeros meses de este año arrojan un balance paupérrimo para las arcas municipales. La morosidad se eleva al 70% y sólo se han recaudado 3,27 millones de los 10,62 millones liquidados por el servicio sancionador del Consistorio.

Esta ingente cantidad de papel está a punto de duplicar la previsión que aparece en el Presupuesto municipal, que este año aspira a una recaudación de 6,5 millones de euros. Es difícil que se llegue a esa cantidad a la vista de lo ocurrido hasta el pasado 31 de agosto.

El alcalde Ribó firmó el 9 de junio un convenio con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que permite al Consell intentar cobrar multas a conductores que están empadronados en otros municipios de la Generalitat y no disponen de cuentas corrientes en sucursales de Valencia. La previsión es poner al cobro 152.780 multas correspondientes al periodo 2011-2014, con un importe aproximado de 16 millones de euros, aunque el efecto no se ha notado en absoluto en los dos meses siguientes al pacto. La intención es extenderlo a otro tipo de impagos.

Las buenas intenciones del convenio y el refuerzo en la gestión no han servido para remontar el vuelo, por lo que la recaudación apenas se ha incrementado unos décimas respecto al mismo periodo del pasado año. En 2016, los ocho primeros meses se saldaron con un 29,8% de recaudación, mientras que ahora se ha llegado al 30,76%. En cifras totales se alcanzaron los 2,65 millones de euros entonces, aunque la diferencia es que los agentes de la Policía Local impusieron menos multas de tráfico.

Por lo que respecta a la grúa, se ha utilizado más este servicio dado que la recaudación líquida asciende a 1,75 millones de euros, mientras que el pasado ejercicio fue de 1,56 millones. El gobierno municipal está casi en permanente conflicto con la contrata actual, con una negociación abierta para la rescisión debido a las discrepancias sobre los vehículos y personal que deben disponer para la Policía Local. El pasado febrero, la junta de gobierno aprobó la anulación del contrato, aunque la empresa concesionario presentó una reclamación de ocho millones de euros. En principio el contrato debe estar vigente hasta 2022, aunque los informes municipales consideran que ha incumplido las condiciones de la concesión.

La estrategia del gobierno municipal pasa por reforzar los controles de velocidad para reducir accidentes de tráfico, por lo que está pendiente de salir a contratación la adquisición de dos radares. Además, se han aprobado zonas y bastantes calles de velocidad limitada.