Los arquitectos doblan sus denuncias a la Administración por licitar a bajo precio

«La Administración nos está ahogando», advierte Malek Murad, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Valencia. Esta situación ha llevado a que, si en 2018 se llevaron a cabo 20 recursos frente a concursos públicos, en 2019 ya son 42 el número de reclamaciones presentadas, principalmente en la defensa de honorarios correspondientes al trabajo de los profesionales y la calidad de los proyectos que se han encomendado.

«Se está pidiendo levantar una obra en plazos más cortos de tiempo, llegando al extremo de que el proyecto, cuando menos tiempo se tarde en elaborar, más se puntúa», señala. Además, ese esfuerzo no tiene una contraprestación económica. Muy al contrario. Según se denuncia desde el colegio, lo habitual es que el arquitecto perciba en torno a un 10% del coste de la obra. Sin embargo, la crisis ha hecho que esto se rebaje a un 7%, pero en determinados concursos públicos que se han denunciado este recorte llega al 4%. «Es una bajada desproporcionada», asegura Murad.

La principal causa de quejas está en relación al aumento de actividad que ha provocado el plan Edificant para la construcción de colegios e instalaciones de la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà. «Antes estaba Ciegsa, que centralizaba la actividad, pero su disolución transformó el sistema. A pesar de que los presupuestos están congelados en otras áreas, en esta se ha reactivado hasta duplicar su actividad, pero de un modo distinto al anterior», apuntan desde el colegio.

La conselleria transfiere el dinero a las corporaciones locales para que cada ayuntamiento saque los concursos. Esto ha provocado que cada municipio lo haya hecho con unas bases distintas. «No hay unas únicas bases y cada consistorio ha interpretado a su manera lo que se necesita», insiste Murad.

En todo caso, asegura que «no es gusto del colegio de arquitectos plantear un recurso en un concurso, porque, entre otras cosas, los plazos se dilatan, y pueden acabar llegando a instancias superiores de ámbito provincial o al TSJCV, dilatando aún más los tiempos.

A pesar de la recuperación que se ha registrado desde los peores años de la crisis, esa mejora no se ha reflejado en los pliegos de las administraciones, que siguen unos criterios estrictos de austeridad frente a los que profesionales se oponen a aguantar. «Una cosa es que nos aprieten y otra que nos ahogue», asegura Murad.

Desde la entidad se reclama unos pliegos en los que no sea la baja económica el principal determinante de un contrato, sino que se valore también la calidad del proyecto. «Con un buen proyecto hay una buena ejecución de la obra que evita sorpresas y aumentos económicos indeseados», asevera. Esta situación de la obra pública contrasta con la actividad del sector privado, que también se ve afectado por la coyuntura desfavorable pero empieza a dar alegría a los profesionales.

El balance anual de la institución en 2019 destaca un incremento en la facturación por visados de un 13% en todas sus demarcaciones, a pesar de que las viviendas visadas han sido 3.415, un cifra que retrocede un 0,8% frente a las 3. 445 de 2018. El visado es el acto colegial de control de los trabajos profesionales que se llevan a cabo en la provincia de Valencia y están sujetos a la obligación de este tipo de control todos los arquitectos colegiados en España.

Habitualmente, se hace una correspondencia entre el volumen de viviendas y la salud del sector. Sin embargo, Murad apunta que actualmente hay otro tipo de producción a tener en cuenta, como los hoteles, que han pasado de 17 a 21 visados en un año; o los edificios de oficinas, que también han crecido.