Compromís vuelve a proponer una medida contra el aumento de precios del alquiler que no es de su competencia

Compromís ha insistido este miércoles en la medida avanzada el pasado lunes por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de controlar el acceso a viviendas de la ciudad por parte de extranjeros o nacionales no empadronados. Además, ha pedido al Gobierno que tope los precios del alquiler o que ceda las competencias para hacerlo a los Ayuntamientos, porque de todas las medidas presentadas esta semana, la única en la que tiene competencias el Consistorio es en revisar el Plan General de Ordenación Urbana para modificar las zonas donde se pueden poner apartamentos turísticos... y es competencia de Urbanismo, que hasta mayo gestiona el PSPV.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Pere Fuset; la concejala de Vivienda, Isabel Lozano; y la Síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, que en mayo dará el salto a la política municipal, han ofrecido un desayuno informativo en el que han esbozado las ideas generales de las políticas de vivienda que llevarán a las elecciones de dentro de tres meses. Pero lo han vuelto a hacer con la salvedad de que una buena parte de ellas no son cosa del Ayuntamiento. En este sentido, han hablado de topar los precios del alquiler (Lozano ha hablado del 30% de la renta total de las familias) y de controlar que quien compre una vivienda en Valencia esté empadronado en la ciudad.

Sobre esta cuestión, que hizo levantar más de una ceja cuando el alcalde la esbozó el lunes, Robles ha explicado que en Canadá se exige que los compradores lleven entre 3 y 5 años empadronados en la ciudad donde pretenden adquirir una vivienda. «Se está produciendo la expulsión de la ciudadanía de Valencia», ha explicado. En este sentido. Fuset ha indicado que es una ciudad de oportunidades pero eso tiene «efectos colaterales» que hay que atender. «Hace falta una regulación de todas las instituciones», ha dicho.

«No estamos dando respuesta a la ciudadanía y tenemos un reto muy grande. Actualmente, la vivienda se utiliza como un bien mercado, y se tiene que cambiar. Necesitamos más inversión en la compra y construcción de vivienda pública, que las empresas del Ayuntamiento prioricen esta emergencia», ha señalado Robles, para añadir: «La norma que rige la ciudad es del 1988, y lo que necesitamos es un plan general que dé respondida la ciudadanía, no a las empresas, y que además sea un plan participado. Somos conscientes que es una tarea que puede ocupar todo un mandato entero, pero se tiene que hacer». «Hay barrios que nos dicen claramente que el actual no es el modelo que quieren y Compromís no mira a otro lado, quiere resolver el problema», ha asegurado la candidata de Compromís por València.

«Otros territorios como Baleares también reclaman lo de los extranjeros. Es un tema a estudiar sobre el que el Ayuntamiento no tiene competencias. Hay que aprovechar la ley de vivienda para profundizar en la cuestión. Es un debate estatal», ha indicado el portavoz de Compromís.

Fuset ha hecho un llamamiento a todas las administraciones para abordar de manera conjunta un problema que, considera, «se ha convertido en un monstruo». «Se tienen que unir fuerzas de todas instituciones de un problema que no es nuevo, pero que se ha convertido en un monstruo, una auténtica emergencia. Un problema que requiere medidas excepcionales y de un gran plan. Hace falta una visión global de vivienda y urbanismo. Se tienen que coordinar acciones de manera urgente para hacer frente la emergencia habitacional», ha manifestado Fuset.

La formación ha pedido más revisión y sanción de los apartamentos turísticos ilegales. «El Ayuntamiento necesita esas competencias»; ha dicho Lozano, al tiempo que Fuset ha añadido que si el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, hubiera dedicado «los mismos esfuerzos» a combatir la tasa turística que a la revisión de apartamentos ilegales, la situación sería distinta.

En este sentido, la concejala de Vivienda ha explicado que en noviembre de 2022 había en la ciudad 1.328 apartamentos turísticos que suponen 5.860 plazas, con un grado medio de ocupación del 62% «Igual hay una burbuja de apartamentos turísticos que luego no se ocupan. Hay una oferta hotelera suficiente», ha indicado Lozano.

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