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El Plan de Movlidad Metropolitana (PMoMe) de Valencia piena a lo grande. Y a largo plazo. Eso explica que algunas de las propuestas que aparecen en el documento que acaba de sacar a exposición pública la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ... sean ambiciosas, como la que propone poner en marcha un sistema que cobre una tasa a los conductores que quieran acceder al área metropolitana de Valencia.
Esta opción, casi tabú para el Ayuntamiento, que no quiere ni oír hablar del tema en pleno debate sobre la zona de bajas emisiones a que está obligado por el Ministerio de Transición Ecológica, no se pondría en marcha hasta que no se mejorara el sistema de transporte público, para dar así a los usuarios de vehículo privado una opción más sostenible y más barata para acceder a sus hogares o a sus puestos de trabajo.
«Proponemos introducir el concepto de 'congestion charging' en el área metropolitana de Valencia de igual manera que otras ciudades europeas están en la actualidad», indica una de las propuestas. «El cobro por el uso de las carreteras significa cobrar un precio por el uso que los conductores realizan de las infraestructuras viarias, bien de manera genérica, bien de manera puntual en ciertos momentos del día», explica el PMoMe.
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Entre los objetivos que persigue esta propuesta se incluyen reducir la afección del transporte privado en los medios de transporte urbanos metropolitanos, que es una obsesión de todo el documento (insiste en varias ocasiones en la necesidad de facilitar la circulación de autobuses y tranvías en la ciudad) y «conseguir nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de los proyectos de transporte público necesarios, agilizando los plazos de inversión, construcción y puesta en marcha». En este sentido, el propio PMoMe asegura que el mantenimiento de las carreteras cuesta a la Generalitat 80 millones de euros al año, una cantidad de podría reducirse con esta tasa por contaminar.
Eso sí, el documento insiste en que el sistema «tendrá que estudiarse detenidamente, tanto afecciones como beneficios que pueda generar en la ciudadanía y administraciones metropolitanas». «Igualmente, habrá que estudiar el inicio de su implantación una vez se desarrollen las infraestructuras mínimas de transporte que doten de una alternativa de movilidad a la ciudadanía que actualmente se desplaza en transporte privado», asegura la propuesta, que ya habla de cobrar «por acceder o por kilómetros recorridos en una cierta área».
En este sentido, cabe recordar que el Consistorio estudia en estas fechas cómo poner en marcha la zona de bajas emisiones. Ya en la primera reunión del proceso participativo, celebrada a finales de junio en el Hemiciclo, se dejó caer la opción de cobrar por acceder, lo que fue rechazado por asociaciones de consumidores y usuarios, que creen que es una medida que favorece a quienes más dinero tienen y, por tanto, pueden permitirse contaminar y pagar frente a quienes tienen menos recursos económicos que, además, suelen ser quienes tienen los coches más viejos y, por tanto, más contaminantes.
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