La empresa pública Plan Cabanyal, participada a partes iguales por el Ayuntamiento y la Generalitat, adjudicó el último lote de viviendas y solares el pasado 16 de octubre de 2017. Desde entonces no se ha realizado ninguna subasta ni se hará a corto plazo, indicaron fuentes conocedoras del proceso. El motivo es la petición que hizo hace unos seis meses la Administración autonómica para frenar las ventas, ante una posible adquisición de cara a engrosar el parque de alquiler social.
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La Conselleria de Obras Públicas sacó a licitación el pasado octubre la compra de viviendas con un presupuesto de 11,2 millones de euros, aunque el concurso está en una fase muy avanzada y en el consejo de Plan Cabanyal no se sabe nada del tema, indicaron las mismas fuentes. En el caso de Valencia, el pliego de condiciones señala que la demanda para estos pisos es de 2.240 familias a la espera.
Así las cosas, la empresa pública tiene todo su patrimonio paralizado pese a que la intención de sus responsables en el principio del mandato era recuperar el máximo número de las viviendas que se compraron para su derribo hace años con motivo de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y otros sectores urbanísticos donde se había fijado edificación de nueva planta.
Las asociaciones vecinales han puesto siempre el acento en la recuperación social del Marítimo, donde una mayor oferta de vivienda es esencial para atraer vecinos. El Consistorio tiene algunos proyectos en licitación y también ha reservado suelo para cooperativas, aunque en este mandato no ha podido sacar ninguna promoción propia adelante. La venta de propiedades es más rápida en este sentido.
Los datos
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Plan ARRU El montante total asciende a 14,2 millones de euros, con un convenio posible gracias a la declaración del barrio como área de regeneración y renovación
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Plan EDUSI El programa europeo lleva un notable retraso y sólo se ha hecho la renovación del aire acondicionado del mercado
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Plan confianza El único que está en plena ejecución con la renovación de colectores y calles
En el Cabanyal y el Canyamelar hay un total de 394 viviendas públicas que deberán ser objeto de rehabilitación en su mayor parte. De esta cifra, 214 son propiedad del Ayuntamiento, 144 de Plan Cabanyal y 36 de la Entidad de Vivienda. Las segundas son las susceptibles de venta antes de analizar las condiciones de cada una. Del monto total de pisos, 170 se encuentran en 87 edificios que son de titularidad pública y otros 214 están en inmuebles de propiedad privada, lo que complica mucho más el mantenimiento, al tener que convivir con frecuencia con otras ocupadas ilegalmente.
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En cuanto a las subastas realizadas, las dos primeras realizadas en 2016 resultaron con 13 adjudicaciones de pisos y solares, mientras que la segunda alcanzó los nueve casos. En algunos de ellos los nuevos propietarios ya han edificado las casas y están viviendo, lo que refleja la rapidez de la intervención privada en el barrio marinero.
La degradación urbanística se ha frenado en lo que se refiere a las calles, debido a las obras de reurbanización emprendidas en los principales ejes del barrio, como puede ser las calles Reina y Doctor Lluch. En la actualidad se trabaja en la conocida como 'zona cero', la calle San Pedro, donde contrasta la renovación de canalizaciones, aceras y calzada con el fondo de inmuebles convertidos en una pura ruina.
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Algunos de los edificios de Plan Cabanyal están asignados al Plan Edusi de fondos europeos para la recuperación de la zona con dotaciones públicas. Dos de ellos han sido ya derribados, mientras que otros dos siguen a la espera, una demora que se prolongará con toda seguridad al tener que recurrir a un concurso público.
El Ayuntamiento informó ayer que el programa ARRU benefició el pasado año a 602 subvenciones para la rehabilitación de viviendas particulares, y otras 18 para la reedificación en el Cabanyal. Se trata de partidas cofinanciadas entre la Generalitat y el Ministerio de Fomento. «Una parte del parque de viviendas está anticuado y necesita ser renovado», explicó la concejala de Vivienda y Patrimonio, María Oliver.
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La edil apuntó a que desde la delegación «siempre se ha apostado por programas de rehabilitación de las viviendas de particulares». En el último año se han ejecutado 192 rehabilitaciones subvencionadas, de las que 70 están a la espera de que el Servicio de Licencias emita las certificaciones de que la obra ejecutada corresponde con lo autorizado. Del total de 18 obras de reedificación, hay ocho ya terminadas.
El porcentaje de ejecución del presupuesto es de un 44% del total en rehabilitación y el mismo porcentaje para reedificación. A lo largo de este año se prevé alcanzar prácticamente el 100% de los proyectos de rehabilitación. «Este mes han comenzado las obras de las viviendas municipales del Cabanyal, con una inversión de más de tres millones de euros», finalizó.
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«No tenemos servicios sociales, todo el mundo se queja de la falta de medios»
MAR GUADALAJARA.- «Si abres una ventana puedes ver un barrio en efervescencia», dice Faustino Villora, vecino del Cabanyal. Borboteo, ebullición o agitación son sinónimos de la palabra elegida por Villora y que describen las calles de un barrio castigado por la droga, la mala convivencia y con pocos recursos. Los vecinos no han dejado de reivindicar para subsanar todo lo que, aún a día de hoy, les impide llevar una vida normal: «A lo que aspiramos es a vivir con normalidad, esto no se puede tolerar, queremos ser igual de normales que Monteolivete o Rascaña o cualquier otro barrio», explica.
La droga y sus estragos son palpables en la calle. Las hogueras nocturnas y los trapicheos generan inseguridad entre los residentes de la zona. Faustino Villora es representante de la plataforma 'Salvem el Cabanyal', asegura que en los últimos meses «se ha notado un pequeño cambio, hay más presencia policial y eso da tranquilidad a los vecinos, hablamos de salud y si los regidores o sus padres vieran esto y convivieran con ello, no se si estarían tan tranquilos».
En estas calles todo va más despacio, es la crítica de los vecinos, las soluciones y las ayudas tardan más en llegar. «No tenemos una oficina de Servicios Sociales y la asistencia ha sido inexistente», comenta Diego, portavoz de la plataforma de propietarios del Bloque Portuario. Él es vecino de la zona y apunta a la falta de recursos. «Todo el mundo se queja porque hay muy pocos medios, tenemos muy pocos pisos de vivienda social, no existe ningún plan social para encarar la situación, si es un barrio especialmente vulnerable por qué no hacen un plan o una acción especial para poner solución», se cuestiona.
Por la noche el barrio sigue en ebullición, con fiestas, ruidos, música, lo que Diego define como la «juerga nocturna». Los vecinos explican que la suciedad, la falta de higiene y la degradación conforman la gota que colma el vaso. «Nos hemos quejado, hemos pedido ayuda, hubo una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, un Pacto de Convivencia pero no lo dotaron de medios y se quedó en el aire».
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