El Consell Jurídic Consultiu no ve causa de nulidad del convenio del circuito entre el Consell y Ayuntamiento

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) lo ha dejado claro. No hay causas probadas para declarar nulo el convenio que en 2007 se firmó entre el Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat (GTP) y el Ayuntamiento de Valencia, por el que los primeros adelantaban 38 millones para crear unas infraestructuras para unir la avenida de Francia y el Grao y los segundos se comprometían a devolver con las cargas que recibieran de los promotores de las nuevas viviendas del Grao.

En este informe recuerdan que son un órgano consultivo y que para recuperar el dinero pendiente de cobro «resultaría viable en principio la acción de reclamación por incumpliento o indemnizatoria», algo que tendrían que dilucidar los órganos judiciales. A pesar de ello, insta a las partes firmantes del convenio de 2007 a sentarse.

Concretamente dice en el informe que «este Consell aconseja, con carácter previo de cualquier acción que pudieran formular las partes firmantesdel convenio, la posible negociación dentro de la comisión de seguimiento, en cuyo seno podría plantearse y resolverse la cuestión relativa al retorno del coste de las obras ejecutadas por el GTP y, en su caso, en qué términos, así como las demás cuestiones que puedan derivarse de los compromisos asumidos en el convenio».

No hay que olvidar que este dictamen se produce después de que el vicepresidente y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, elevara la consulta al CJC para ver si se podía resolver el convenio y ver de qué manera recuperar el dinero adelantado.

Si bien la respuesta llega ahora, es importante destacar que tanto la conselleria de Illueca como la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ya avanzaron en noviembre de 2021 que iban a negociar para crear un nuevo convenio y acordar con los promotores el coste del reparto de las cargas.

Nada más conocer este viernes el dictamen, el vicepresidente y conseller Illueca ha indicado que «el dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana (CJC-CV) sobre el convenio de la Fórmula 1 confirma la existencia de una deuda pública que tiene que ser abonada a la Generalitat como consecuencia de la mala gestión del anterior ejecutivo».

Desde la conselleria añaden que una de las principales conclusiones de dicho dictamen es la necesidad de que las instituciones colaboren para dar una resolución a la problemática generada por dicho convenio. Una vía, la de la colaboración con el resto de las administraciones, «con la que la vicepresidencia segunda está plenamente en concordancia, como lo ha venido haciendo hasta ahora».

Incluso aclaran que se pone de relieve «la absoluta disposición a un diálogo constante con el Ayuntamiento de València para trabajar de forma conjunta en la elaboración de una solución que abra un nuevo futuro para el barrio del Grau».

En opinión del vicepresidente y conseller Héctor Illueca, el dictamen es «una muestra más de las consecuencias de la gestión errática del anterior ejecutivo en materia de urbanismo. Más de una década después de la firma de este convenio, desde las instituciones seguimos trabajando para reparar las malas prácticas del anterior ejecutivo. Con todo, el PAI del Grau de València está todavía sin estar desarrollado con un coste desorbitado para la ciudadanía valenciana».

Ha hecho hincapié en «seguir trabajando por lograr un nuevo convenio para el desarrollo del Grau que se oriente a atender las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses especulativos de unos pocos».

Illueca ha manifestado que «el circuito de Fórmula 1 ha supuesto un gasto de 89 millones de euros para los contribuyentes lo que implica que, a pesar de que se consiguió recuperar la aportación inicial de la Generalitat Valenciana, el proyecto continúa siendo un agujero negro para las finanzas valencianas».

Concluye que ahora la prioridad es que «desde las instituciones valencianas ofrezcamos una solución integral para un barrio que es, en definitiva, el gran afectado por las promesas vacías del anterior ejecutivo». Y ha reiterado la voluntad de la vicepresidencia segunda, en sintonía con lo expresado en el dictamen, de «continuar trabajando con el Ayuntamiento de València para desarrollar un nuevo convenio que realmente responda a las necesidades de las vecinas y vecinos del barrio. Y, además, que promueva el desarrollo urbano sostenible del mismo. Este es el camino, y no las promesas faraónicas que han generado tanto despilfarro».

Por su parte, la vicealcadesa y concejala Gómez señala que el informe «da la razón al Ayuntamiento en cuanto que resolver unilateralmente el convenio no era posible». También considera que "da la razón a la posición municipal ya que determina que hay que resolverlo en una mesa bilateral".

Según Gómez, "se pone de manifiesto que las cargas urbanísticas se han de repercutir a los agentes urbanizadores».

• Temas
• Generalitat valenciana
• Ayuntamiento de Valencia
• Urbanismo y construcción
• Fórmula 1 en Valencia