El Consell Jurídic Consultiu decidirá sobre el balneario de la Alameda

Mientras llega el documento, que tardará, el Ayuntamiento ha creado una comisión para comenzar a preparar los nuevos pliegos para sacar a licitación el balneario. El informe con que cuenta el Consistorio da mucha seguridad a la ciudad. En él, los abogados dicen que el contratista «no ha abonado las liquidaciones de los cánones correspondientes a los ejercicios de 2017 a 2022, cuyo importe asciende, sin contar intereses ni recargos, a 456.374,94 euros». La empresa alegó y explicó que habían propuesto, en lugar de pagar el canon, construir seis habitaciones para tratamientos termales en régimen de internamiento, que el Ayuntamiento rechazó. Además, indicaban que la falta de vigilancia y las averías provocadas por las diferencias de presión del manantial «han causado daños, al menos, en tres ocasiones, en las bombas de funcionamiento del cuarto técnico, en los cuadros de luces y en el cableado de electricidad». «El Ayuntamiento de Valencia no ha cumplido con su obligación de mantenimiento del manantial ni ha atendido el importe de las averías que ha tenido que costear el concesionario», indican.

La empresa alega que como el Ayuntamiento no autorizó el proyecto de hotel aprobado en 2021 por el Servicio de Actividades, se ha producido una quiebra económica que no es imputable al concesionario. El Consistorio piensa otra cosa y por eso quiere resolver el contrato.

Además, cabe recordar que el balneario se ha cerrado en varias ocasiones por presencia de bacterias como legionela en las aguas termales. En este sentido, los inspectores municipales han detectado otros problemas como la falta de agua caliente en los vestuarios, lo que llevó en 2022 al cierre del centro, que en 2019 también sufrió la caída de parte del falso techo sobre la piscina termal. El balneario se adjudicó en 2005 y desde 2016 lo gestiona otra empresa, que es la que ahora no ha pagado el canon y a la que ahora el Consistorio le exige casi medio millón de euros. Será el CJC la entidad que terminará de decidir qué ocurre con el proceso, aunque en el Ayuntamiento están bastante seguros de que el órgano asumirá los argumentos de los abogados municipales y avalará la resolución del contrato.