El Ayuntamiento ofrece sesenta parcelas y fincas privadas para impulsar viviendas en Valencia

Acabar con la opacidad de un instrumento legal que facilite la construcción de edificios y la rehabilitación de inmuebles en zonas degradadas. Ese es el propósito de la página web del Registro de Solares presentada ayer por el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, y que reúne en la actualidad unas sesenta propiedades en distintas fases de disponibilidad, desde los casos donde se ha advertido a sus propietarios hasta aquellos en los que ya se han acabado todos los trámites y notificaciones, con lo que otra empresa puede presentar un proyecto urbanístico.

Sarrià explicó que la mejor consecuencia del registro es forzar a los dueños de parcelas y fincas a que pidan una licencia y ejecuten las obras. Pese a esa circunstancia, señaló que se han producido una docena de casos de programas de actuación aislada, es decir, promotoras o constructoras que han tomado la iniciativa de presentar un plan alternativa y sacar adelante las obras. En ese caso, los propietarios reciben el valor del solar o la finca en cuestión.

Como es lógico, la mayor parte de las actuaciones se realiza en el distrito de Ciutat Vella. La nueva herramienta permite a los interesados acceder a los datos que contiene el libro del Registro de Solares, al mapa de geolocalización, y a los criterios que determina la legislación vigente, entre otros aspectos.

Este registro es público y está formado por aquellas propiedades incluidas al agotar sus dueños los seis años para pedir una licencia, desde que los solares fueron calificados como edificable. La nueva legislación urbanística abrevia ese plazo, subrayó el concejal, al pasar a dos años. En la práctica, el Consistorio podría enviar una notificación a todos los dueños de estas propiedades. Hasta ahora, su consulta se debía efectuar en las dependencias municipales, en formato papel.

«Es sobradamente conocido que en determinadas áreas de la ciudad, en algunas durante años, se ha perpetuado la existencia de solares, lo que tiene efectos sobre la estética urbana, pero también supone una pérdida de la oportunidad de construir viviendas y contribuir a la oferta inmobiliaria», explicó Sarrià, quien añadió que con esta herramienta «se previene que se retengan solares con un ánimo especulativo o se abandone la conservación obligada de edificios protegidos».

El registro recoge dos categorías de bienes: aquellos sobre los que existe una orden de edificación en vigor, y los que se encuentran en régimen de edificación o rehabilitación forzosa. La primera implica que todavía no hay un incumplimiento por parte del propietario y que éste tiene todavía plazo para cumplir el deber de edificar, para lo que debe solicitar licencia. Es el inicio del apercibimiento del Consistorio.

El segundo caso refleja incumplimiento de deberes urbanísticos, lo que puede implicar la sustitución del propietario por otra empresa, o incluso la expropiación o la venta forzosa. Se trata de un mecanismo jurídico cuya la función es garantizar que el dueño cumpla con sus deberes urbanísticos.

En la actualidad hay alrededor de 31 expedientes pendientes de inicio de tramitación, mientras que otros tantos tienen órdenes de edificación previas por razones diversas; con 21 en la última fase. Sarriá defendió que se ha querido pasar de «una política expansiva de consumo, donde el protagonista era el suelo urbanizable, a una de contención, donde el protagonista es el suelo urbano y la regeneración de la ciudad consolidada. Uno de los objetivos es evitar la proliferación de solares que se perpetúan de manera injustificada», subrayó.

Por último, reiteró que el Registro funciona como una herramienta que ha tenido un efecto doble: uno preventivo (personas que solicitan licencia de forma previa a cualquier actuación municipal al conocer que están dentro de los criterios) y uno de fomento (quienes solicitan licencia como consecuencia de la orden), además de los que salen adelante con otras empresas.

El último gran solar de la Avenida de las Cortes Valencianas, ubicado frente al edificio del Meliá Valencia (antiguo Hotel Hilton), saldrá a subasta por imposición de uno de los acreedores de su propietario, Salvador Vila. La crisis impidió que iniciara la construcción de una torre de 114 metros de altura que debía enmarcar la avenida en su entrada por CV-35. El juzgado de primera instancia número 27 de Valencia ha aprobado la subasta hipotecaria del activo a instancias de Vistanova Developments, sociedad vinculada a la gestora Kronos. Esta última adquirió la deuda que Vila mantenía con la Sareb y que disponía de ese suelo como garantía. El proceso de recogida de ofertas ya está abierto y concluirá a principios de marzo, según el anuncio del juzgado. El precio de salida se ha fijado en 67 millones de euros para un terreno de 6.926 metros cuadrados y 20.9000 de metros residenciales de techo.