El Ayuntamiento de Valencia ordena la retirada de las calles de los patinetes de alquiler

Una semana después de que tanto el alcalde Joan Ribó como el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, hablaran de la complejidad de tratar el asunto de los patinetes eléctricos de alquiler en las calles de Valencia, ayer se acabó el «limbo legal», como definió la situación el primer edil. El Ayuntamiento ha ordenado a la empresa propietaria la retirada de los aparatos por carecer de licencia para la ocupación de la vía pública, entre otras circunstancias. En caso contrario, será la Policía Local la encargada de llevarlos a un almacén.

Esa fue la conclusión de una reunión presidida por el alcalde Ribó y a la que asistieron el concejal de Movilidad, su homóloga en Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, y el delegado de Espacio Público, Carlos Galiana. Para la orden de retirada se aplicará el artículo 12 de la ordenanza de Espacio Público, así como una instrucción de la Dirección General de Tráfico fechada en 2016.

La primera normativa indica que «el Ayuntamiento estará facultado para la inspección y control de las ocupaciones, instalaciones y actividades que se lleven a cabo o se ubiquen en el dominio público o en los espacios privados de uso público del término municipal de Valencia. A tal fin, velará por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza, impidiendo todos aquellos usos o aprovechamientos que no cuenten con el oportuno título habilitante».

La empresa inició el lunes de la semana pasada el reparto de decenas de patinetes eléctricos, en una cifra sin concretar (se habla de unos 200), que se activan con una aplicación de teléfono móvil. Los usuarios pagan a través de una tarjeta de crédito vinculada al darse de alta en la compañía. La firma no paga ninguna tasa al Ayuntamiento y también carece de licencia de actividad en la vía pública.

Fuentes municipales señalaron que este último hecho es el que se aplica. A preguntas de LAS PROVINCIAS, desde la empresa no contestaron si presentarán algún tipo de recurso o acatarán sin más la decisión del Consistorio. Sobre la falta de regulación, la semana pasada ofrecieron su colaboración al gobierno municipal en decisiones como limitar más la velocidad máxima de los patinetes, que en la actualidad está fijada en 24 kilómetros por hora.

Otro de los asuntos tratados en la reunión fue el encargo a la concejalía de Hacienda para que elabore un estudio de una posible tasa por este tipo de actividad en la vía pública. Está por ver la respuesta del Consistorio ante una solicitud formal por parte de la empresa, lo que no se descarta dada la fuerte inversión que ha afrontado.

La orden de retirada se basa también en la instrucción dada por la Dirección General de Tráfico en noviembre de 2016, donde se catalogan los nuevos vehículos eléctricos, fijando velocidades máximas y requisitos para la circulación. En síntesis, se permite la circulación de manera similar a las condiciones de las bicicletas, aunque siempre que lo autoricen los ayuntamientos.

En el caso de Valencia esto no se ha producido, dado que la ordenanza vigente es anterior a dicha instrucción. La previsión es que en el plazo de un par de semanas se conozca el borrador de esta normativa, que se gesta desde prácticamente el inicio del mandato.

De momento no ha trascendido el detalle de cómo se regulará la circulación de patinetes, patinetes eléctricos y otros aparatos que se han incorporado a la llamada movilidad personal. En ciudades como Barcelona, los segundos y en régimen de alquiler se permiten sólo con guías y en grupos, por lo que la Guardia Urbana también procedió hace unos días a su retirada.

La concejala de Ciudadanos María Dolores Jiménez alertó este fin de semana que de mantenerse la prohibición de multar a los usuarios y la empresa de patinetes eléctricos, los agentes de la Policía Local «habrían incurrido en un posible delito de prevaricación. Han entrado en razón tarde, cuando la empresa ya tenía todos los aparatos comprados y en la calle, cuando podían haberlo hecho mucho antes».

El secretario general de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada, dijo que «rectificar es de sabios. La lógica se va a imponer y ahora esperamos la campaña de concienciación, una buena ordenanza donde primen los intereses del peatón y que penalice la mala praxis de cualquier elemento eléctrico de transporte de empresas que explotan negocios en espacios públicos».

El concejal del grupo popular Alberto Mendoza dijo que «es vergonzoso que este gobierno tenga que tomar decisiones forzado por la presión social que le pide que se ponga a trabajar y tome decisiones». Para el edil, después de «desautorizar a la Policía Local ahora tendrán que ser estos quienes retiren los patinetes si no lo hace la empresa. Desde el PP le exigimos a Ribó que se ponga a trabajar; no puede ser que se hayan tomado decisiones hasta no haber finalizado las vacaciones». El edil de Ciudadanos Narciso Estellés fue igual de tajante que el anterior. «Acusamos a Grezzi y Ribó de sembrar el caos en Valencia en materia de movilidad. Lo llevan haciendo toda la legislatura y en el tema de los patinetes han vuelto a hacerlo». Subrayó que ambos «han actuado sin ninguna transparencia sobre la autorización o no a la empresa para operar en Valencia. Vamos a averiguar con detalle todo lo sucedido porque la reputación de la ciudad se encuentra en entredicho, una vez más, debido a estas acciones confusas, erráticas y tardías».