El Ayuntamiento paga a la grúa hasta un 70% más al mes tras retirarle la concesión

El Ayuntamiento de Valencia prepara en estos meses el nuevo pliego de condiciones de la contrata de la grúa municipal, retirada a la anterior empresa en octubre de 2017. Aunque la previsión es que esté preparado a finales de año, mientras tanto el Consistorio está pagando hasta un 70% más por el mismo servicio.

A finales de octubre de 2017 se resolvió extinguir la relación entre Pavapark y el Consistorio. La empresa quería cobrar una cantidad extra porque el volumen de negocio había bajado y el Ayuntamiento se negó. Entonces, las negociaciones arrojaron una cifra: 300.000 euros mensuales más IVA. Es la cantidad que la empresa quería cobrar mientras el Ayuntamiento preparaba el nuevo pliego. Los negociadores de la concejalía de Protección Ciudadana accedieron para evitar pleitos legales que podían costarle al Consistorio hasta 12 millones de euros como indemnización por el dinero que dejarían de ganar al tener que abandonar el servicio antes de lo que estipula el contrato.

Sin embargo, la operación ha resultado muy dolosa. En concreto, el Consistorio ha previsto que este año se gastará 4.356.000 euros en pagos a la empresa adjudicataria. En el último año natural con contrato, se le pagaron 2.485.195,66 euros (la cantidad mensual dependía del número de arrastres y en meses como agosto o diciembre caía hasta los 105.000 euros, tres veces menos de lo que se paga ahora). De hecho, en los últimos cuatro meses desde que se resolvió el contrato, el Consistorio ha pagado 1.453.552,74 euros, mientras que en los mismos meses del año anterior (noviembre y diciembre de 2016 y enero y febrero de 2017) se pagaron 852.645,52 euros, un 70% menos. Además, el Consistorio comprará grúas por valor de 600.000 euros a la empresa, aunque fuentes municipales aseguran que «en ningún caso» se están planteando municipalizar el servicio: «Es para que siempre haya grúas disponibles para retirar coches mal aparcados y no haya problemas de falta de material». El Ayuntamiento de Valencia exigirá en el nuevo pliego de condiciones del contrato del servicio de la grúa el requisito de retirar en un plazo máximo de 30 minutos el vehículo previamente sancionado por la Policía y que impida o interfiera la correcta circulación.

Como detalló la concejal de Protección Ciudadana el pasado mes de octubre, Anaïs Menguzzato, «el servicio tiene que ser resolutivo y se fijará un máximo tiempo de retirada de 30 minutos». De igual modo, la edil indicó que la «filosofía de la grúa es retirar los vehículos que moleste. No se puede plantear con un fin recaudatorio. Otra cosa es que la Policía curse las pertinentes denuncias».

El concejal del grupo municipal popular Alberto Mendoza explicó ayer que una decisión «tan importante» como la contrata de la grúa «debería tratarse con mayor transparencia». «Es un servicio muy importante para cualquier ciudad. Qué sentido tiene la inversión de 600.000 euros en grúas de segunda mano... preguntaremos por estas cuestiones», avanzó Mendoza. «Hay muchos trabajadores implicados a los cuales hay que explicarle cuál va a ser su futuro y hasta el momento se les ha ocultado esta decisión», dijo el concejal popular, que censuró que el gobierno de Ribó apueste «por el ocultismo cuando han vendido la transparencia». «El gobierno municipal de puertas de cristal es una gran mentira», finalizó Mendoza.