El debate de la zona de bajas emisiones en Valencia arranca con muchas dudas

Había expectación sobre la convocatoria de la mesa de la movilidad del Ayuntamiento de Valencia de este miércoles por la tarde porque se iba a hablar del penúltimo gran proyecto de la concejalía que dirige Giuseppe Grezzi, la zona de bajas emisiones (ZBE), pero la sesión terminó con más preguntas que respuestas. Mucha más. Más allá de que el Ayuntamiento de Valencia colocará un centenar de sensores en la ciudad para determinar qué zonas están más contaminadas para aplicar la zona y que este jueves empieza el plazo de exposición pública para recabar opiniones de la ciudadanía, ni una respuesta concreta

Habrá un mes para que la ciudadanía responda a preguntas como qué problemas debería solucionar la creación de una ordenanza para regular la ZBE, si es necesaria la creación de una ZBE o qué objetivos debería perseguir la ordenanza. La consulta, además, da la puerta a que la ciudadanía plantee «soluciones alternativas de carácter normativo».

La sesión de la mesa de movilidad ha evidenciado tres cuestiones: primero, que es un tema metropolitano (la conselleria de Movilidad ha ofrecido a creación de un grupo de trabajo con ciudades del área metropolitana como Sagunto, Paterna o Torrent porque cada día entran a Valencia 400.000 coches); segundo, que hay ciertas reservas a la cuestión de una tasa de acceso, una especie de «pago por entrar» como se ha hecho en ciudades como Londres o Barcelona que plantea dudas a algunos de los miembros de la mesa de la movilidad; y tercero, que es importante determinar el ámbito de aplicación de la nueva ordenanza.

Jesús Sánchez, jefe de sección de Regulación de Circulación de la concejalía de Movilidad, ha explicado que se pondrán en marcha 100 sensores que permitirán saber qué zonas están más contaminadas. Grezzi ha apuntado que antes era el centro, pero ahora suelen ser las grandes avenidas. Ha insistido en este tema Julia Martínez, gerente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, consciente de que el centro ya no es una de las zonas más afectadas por la contaminación debido a su peatonalización.

Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores, por ejemplo, ha planteado que mucha gente no dispone de los recursos económicos para cambiar el coche «si no pueden entrar a Valencia con un coche con su etiqueta», que es el sistema, el de etiquetas de la DGT, en el que se va a basar Movilidad para gestionar la ZBE. En el mismo sentido ha ahondado Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi de la Comunitat. «Con ese sistema, los más ricos pagan por contaminar. Mejor que no se permita», ha señalado.

Vicente Lázaro, del servicio de Movilidad, ha explicado que están todas las opciones encima de la mesa. «Es el momento de aportar ideas. Hay que definir el ámbito. Los vehículos sin etiqueta son los primeros que se restringen. Luego se establece un calendario que en función del grado de contaminación dejan de poder acceder a los núcleos de las ciudades. También tenemos que definir excepciones y calendario. También se abre la puerta a la imposición de tasas en lugar de la prohibición», ha señalado. Vamos, que aún no se ha decidido nada.

Y eso que el Ayuntamiento ya ha licitado el sistema de cámaras que permitirá instalara 274 en distintos puntos de la ciudad para ver qué coches acceden a la misma, así como un sistema de sensores para medir en tiempo real la contaminación y saber dónde aplicar la ZBE. Respecto al ámbito, Jesús Sánchez, jefe de sección de Regulación de la Circulación de la concejalía de Movilidad, ha señalado que la intención es que afecte a toda la ciudad, «al menos a largo plazo».

Porque esa es otra: los plazos. «La ley dice que tiene que estar en marcha en 2023, pero es un proceso largo, tenemos que hacer una ordenanza...», ha indicado el mismo Grezzi. Se ha planteado un calendario con cuatro «momentos», pero que no tienen fecha. Incluso se ha planteado una moratoria de varios meses antes de la puesta en marcha en sí de la ZBE, como ocurrió en el área de prioridad residencial de Ciutat Vella.

Ha sido el mismo del Molino el que ha dicho que si algún taxista le pregunta si se puede comprar un coche diésel o gasolina, le dice que mejor espere. «¿Se va a dar un permiso especial para que durante unos años los vehículos que todavía continúen con combustible fósil para transporte y residentes puedan circular?», ha preguntado. Responde Grezzi: «Nos basaremos en el sistema de etiquetas de la DGT, que dirá en qué año tendrán que dejar de circular determinados vehículos. Queremos poner en marcha el calendario de adaptación porque somos conscientes de que hablamos de un cambio de ciclo que tiene un coste. Tenemos que aprovechar las ayudas del Estado».

Incluso un enviado de la Conselleria de Obras Públicas y Movilidad ha puesto encima de la mesa la creación de un grupo de trabajo con los Ayuntamientos del área metropolitana de Valencia, como Sagunto, Torrent o Paterna, para plantear la cuestión desde una visión que va más allá de la misma capital, a la que entran cada día 400.00 vehículos, muchos de ellos por esas «grandes avenidas contaminadas» de las que hablaba Grezzi como son Cortes Valencianas o Hermanos Maristas, entre otras.

«A la luz de lo ocurrido en Barcelona, el ministerio está preparando un decreto ley que valdrá para todas las ciudades. Eso nos dará herramientas y el marco normativo. Cuando esté el real decreto, haremos nuestro marco normativo sobre la base de ese real decreto. Nuestra ordenanza sólo valdrá para la ciudad. Si hay que hacerlo en un ámbito metropolitano, ya nos lo dirá una instancia superior», había apuntado antes Grezzi, en una reunión a la que no ha acudido la Plataforma Motera por la Seguridad Vial ni la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

El vicepresidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, Málek Murad, ha preguntado si se ha planteado un programa de incentivos económicos para la compra de vehículos menos contaminantes. «¿Aquí se ha pensado?», ha preguntado. La respuesta, como la del chiste: ¿qué hora es? manzanas traigo. Vicent Torres, coordinador de la mesa, ha dicho que lo que hay es «un conjunto de políticas hacia una movilidad más sostenible» y Grezzi, que han comprado 20 autobuses eléctricos.

Otra cuestión interesante la ha planteado Juan Vicente Agud, de Cocemfe. «Es importante que se tengan en cuenta los vehículos que van a trasladar a personas con movilidad reducida. Muchas tienen serios problemas para hacer ciertos trayectos. Los medios de transporte muchas veces no están adaptados y los autobuses a veces están lejos de donde tienen que ir», ha indicado. Del Molino ha terciado pidiendo más ayudas para que los taxis eléctricos se puedan adaptar a llevar a estos pasajeros: «Este año la conselleria ha dado 200.000 euros para toda la Comunitat».

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