El Defensor del Pueblo afea al Ayuntamiento de Valencia la ocultación de datos de la polémica encuesta fallera

El Ayuntamiento de Valencia ha recibido un nuevo tirón de orejas sobre la polémica encuesta fallera en la que se preguntaba a los falleros, sin consentimiento previo, sobre sus ideologías políticas y religiosas. Si hace un año la Agencia Española de Protección de Datos calificó el asunto como 'infracción muy grave', ahora es el Defensor del Pueblo, con sede en Madrid, el que exige al equipo de gobierno del alcalde Joan Ribó que facilite información al Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia sobre el recurso que han presentado ante la Audiencia Nacional para recurrir la infracción. Esta recomendación llega después de que el Grupo Popular de Valencia se dirigiera a este estamento madrileño para pedir amparo ante la falta de transparencia.

Concretamente el Defensor del Pueblo de Madrid asegura que no vale la justificación del gobierno de no querer facilitar los datos por estar inmersos en un proceso judicial. En el escrito enviado al Ayuntamiento se afirma que «el argumento esgrimido por este Ayuntamiento no se puede compartir porque el proceso judicial aludido afecta directamente a la propia corporación local». Le recuerda que «se trata de un proceso iniciado a instancia del propio Ayuntamiento, como consecuencia de una acción de gobierno, y cuyos resultados serán para el Ayuntamiento». Es decir, el Defensor del Pueblo de Madrid exige al Consistorio valenciano que facilite la información a los populares porque se trata de un recurso presentado por el propio Ayuntamiento.

En este mismo requerimiento, se argumenta que «es la asesoría jurídica del propio Ayuntamiento quien ostenta la dirección letrada del proceso, luego no se puede hablar de documentos ajenos a la corporación». Y añade que «no se puede considerar como causa justificada para la denegación que se trata de documentos procesales, puesto que traen causa de un asunto municipal que afecta a la corporación» y aclara que «evidentemente no se podrán facilitar aquellos documentos a los que no tenga acceso el Ayuntamiento, pero sí al resto de documentación»:

Precisamente estas respuestas respaldan a los populares, que habían solicitado en reiteradas peticiones al gobierno local que les dejara conocer el documento del recurso presentado desde la administración local y «la contestación que nos daban en pleno es que no podía ser porque era un proceso judicial. Ahora es el Defensor del Pueblo de Madrid el que exige al Ayuntamiento que entregue esa documentación porque no es un tema judicial y porque es el propio Ayuntamiento el que ha promovido el recurso. Tenemos derecho a saber cómo va el proceso contencioso-administrativo y nos lo niegan. No sabemos si la Audiencia Nacional lo ha admitido a trámite o no porque lo que quieren es librarse de la infracción de la Agencia Española de Protección de Datos», explican desde el PP.

Incluso llama la atención que el Defensor del Pueblo de Madrid afee al Consistorio que trate de ocultar la información. Precisamente le recrimina que «en lugar de aplicar los principios de transparencia y participación ciudadana, parece que está buscando fundamentos par denegar información a los miembros de la corporación».